Un nuevo fallecimiento por la administración de fentanilo contaminado en un hospital público de Balcarce elevó a 34 el número de víctimas fatales en el brote que mantiene en vilo al sistema de salud argentino.
Así lo confirmó el Ministerio de Salud de la Nación, que también reportó 54 casos confirmados y otros 69 bajo análisis, todos con síntomas compatibles con infecciones graves tras la aplicación de anestesia.
La causa judicial se centra en dos laboratorios sospechados: HLB Pharma Group y Ramallo. El objetivo es rastrear la ruta de las ampollas adulteradas y determinar eventuales responsabilidades.
En el caso más reciente, los análisis confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las mismas bacterias halladas en otros pacientes, como los del Hospital Italiano de La Plata, uno de los primeros centros en detectar la crisis sanitaria.
La investigación, dirigida por el juez federal Ernesto Kreplak, continúa avanzando con nuevos operativos en droguerías y depósitos de seis localidades: San Isidro, Rosario, Ramallo, Sunchales, Balcarce y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es rastrear la ruta de las ampollas adulteradas y determinar eventuales responsabilidades.
La causa judicial se centra en los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo. Ambos fueron señalados por su posible vínculo con la producción o distribución de medicamentos contaminados.
En los operativos, la Policía Federal secuestró documentos, computadoras y muestras que ahora son analizadas en el Instituto Malbrán.
Como medida preventiva, la ANMAT ordenó el retiro del mercado de todos los productos inyectables elaborados por HLB Pharma, no solo del fentanilo.
También suspendió su distribución, comercialización y uso en todo el país. Además, se instruyó a los hospitales a inmovilizar cualquier ampolla producida por HLB o Ramallo, sin importar si pertenecen al lote 31202, el primero identificado como contaminado.
Cabe recordar que HLB Pharma ya había sido sancionado por irregularidades en el pasado, cuando aún operaba bajo el nombre de Laboratorio Apolo.
Sus propietarios, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, registran antecedentes por fallas de control, problemas de trazabilidad y hasta falsificación de medicamentos, según informes previos de la ANMAT.
La justicia investiga ahora si hubo responsabilidad penal en la cadena de producción y distribución. No se descartan futuras imputaciones a directivos o responsables técnicos de los laboratorios implicados.
