La situación judicial de Manuel Adorni se volvió crítica en las últimas semanas. El fiscal Gerardo Pollicita analiza una matriz de ingresos y egresos que parece no cerrar: mientras su sueldo bruto estuvo congelado en $3,5 millones hasta principios de 2026, el funcionario inició una escalada de consumo y adquisición de deuda que hoy se encuentra bajo estricto secreto fiscal y bancario.
La danza de los dólares
El expediente revela una serie de desembolsos realizados mayoritariamente en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad de los fondos:
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Refacciones de lujo: Un contratista declaró haber recibido US$245.000 en efectivo por remodelar la casa del funcionario en el country Indio Cuá, incluyendo la construcción de una pileta y una cascada.
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Inmuebles y vehículos: Entre la compra de la casa en Exaltación de la Cruz (US$120.000) y el anticipo por un departamento en Caballito, Adorni ya movilizó más de US$185.000 en operaciones inmobiliarias. A esto se suma la compra de una camioneta en marzo de 2024 (entre US$20.000 y US$30.000 según valor de mercado).
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Turismo VIP: La Justicia anotó viajes a Bariloche ($9,1 millones), Aruba (US$14.474 entre pasajes y estadía), Punta del Este (US$7830) y Nueva York (US$5154).
Arquitectura de deuda
Uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores es la forma en que el Jefe de Gabinete financia sus adquisiciones. Lejos de los canales bancarios tradicionales, Adorni recurrió a préstamos privados con condiciones singulares:
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Hipotecas con particulares: La primera hipoteca por la casa de Indio Cuá (con un capital pendiente de US$70.000) fue otorgada por dos mujeres vinculadas a la policía.
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Habilitación de departamentos: En noviembre de 2025, escrituró un departamento de 200 m² en Caballito mediante una operación con una segunda hipoteca de US$200.000 sin intereses.
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Acuerdos de palabra: Existe un compromiso extraoficial de US$65.000 con un desarrollador inmobiliario, allegado al funcionario, que todavía no ha sido cancelado.
El desafío de 2026
El calendario financiero de Adorni marca una zona de colapso en el corto plazo. Para noviembre de 2026, el funcionario deberá cancelar cerca de US$270.000 de capital, además de los intereses y los acuerdos privados vigentes.
Mientras tanto, los gastos corrientes de la familia —que incluyen expensas por $1,2 millones mensuales entre dos propiedades y deudas de tarjetas de crédito que superaron los $25 millones en conjunto con su esposa— siguen presionando un presupuesto que, ante la mirada de la fiscalía, no encuentra respaldo en sus declaraciones juradas originales.
