En un contexto de creciente represión en Venezuela, María Alexandra Gómez García y su hijo Víctor Benjamín lograron escapar del país gracias a un operativo secreto. La pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo se encontraba en el estado de Anzoátegui y cruzó a Colombia con el apoyo de autoridades argentinas y organizaciones de derechos humanos. Aunque no hubo prohibiciones legales para su salida, Gómez García pidió asistencia debido a su temor a ser detenida en la frontera.
Este operativo se llevó a cabo en un clima de denuncias sobre detenciones arbitrarias en la región y fue mantenido en reserva por motivos de seguridad. La situación de Nahuel Gallo, que fue arrestado el año pasado tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sigue siendo un tema preocupante para la Cancillería argentina. Gallo lleva meses incomunicado y sin la correspondiente asistencia consular, habiendo registrado su última comunicación el 8 de diciembre.
La madre de Gallo, Griselda Heredia, manifestó su inquietud por la falta de información sobre el estado de su hijo y cuestionó la salida de Gómez García y su hijo. “Me estoy desayunando con el tema porque no sabíamos nada. La desesperación mía es porque si a ella la liberan, ¿en qué situación queda mi hijo?”, se preguntó. Según Heredia, la pareja de su hijo cortó todo contacto con la familia, lo que incrementó su angustia. “Estamos con la misma angustia que el día que Nahuel entró a Venezuela”, lamentó.
Por su parte, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que demanda la “inmediata liberación” de Gallo y de todos los argentinos que se encuentran “ilegalmente privados de su libertad” por el régimen de Nicolás Maduro. El texto apunta directamente a Diosdado Cabello, acusándolo de liderar una represión sistemática en el país. “El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”, expresa el comunicado.
Además, como parte de su política diplomática, el Gobierno de Javier Milei anunció que intensificará las denuncias ante organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), exigiendo una respuesta urgente, dado que se considera que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad. La administración también hizo un llamado a otros gobiernos democráticos para unir esfuerzos y detener la persecución institucionalizada, asegurando que el caso de Nahuel Gallo será una prioridad en la agenda internacional de la Cancillería argentina.
