Diferentes agrupaciones y asociaciones de personas con discapacidad se encuentran en el Congreso de la Nación reclamando que la Cámara de Senadores sancione la Ley de Emergencia que ya cuenta con la aprobación de Diputados.
En la marcha se encuentran diferentes entidades como la Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras. Además, los reclamos se están replicando en varias provincias para denunciar la “grave situación” que está atravesando el sector.
Algunos números de la crisis que atraviesan las asociaciones de personas con discapacidad
Para tomar dimensión de la crítica situación que están atravesando basta con observar el recibo de sueldo de las personas que trabajan en las diferentes entidades.
Por ejemplo, la pensión por invalidez laboral se encuentra en los 217 mil pesos por mes y una maestra integradora en una escuela común cobra cerca de 3 mil pesos la hora, pero recién ve depositada la suma total en su cuenta a los 180 días.
Los talleres protegidos tampoco escapan a esa dura realidad. Sin actualizaciones desde febrero de 2023, reciben solo 28 mil pesos por mes. Debido a esa situación, desde las asociaciones hablan de “colapso” del sistema y piden soluciones urgentes, como la sanción definitiva de la ley.
Qué es la Ley que declara la emergencia nacional en discapacidad que espera ser sancionada por el senado
Se trata de un proyecto que fue presentado por un grupo de legisladores, liderado la diputada de Unión por la Patria, María Luisa Chomiak.
En primer lugar, la medida es de carácter nacional, por lo que su alcance será en todo el territorio argentino y propende a garantizar medidas legislativas, presupuestarias y administrativas que buscan garantizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad.
Entre sus principales puntos asegura el financiamiento sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. Este beneficio está destinado a personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero que cumplan ciertos requisitos como no ser beneficiarios de otros planes parecidos, que no perciban ingresos que superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de aprobar una evaluación socioeconómica.
En cuanto a la pensión, la misma será un monto mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Esta suma será compatible con otros empleos formales, pero estos no podrán superar el umbral indicado que, en caso de hacerlo, se suspenderá de forma automática y se reactivará una vez que se reduzcan los ingresos o caduque el vínculo laboral.
Además, la ley transforma de forma automática todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la sanción de la ley en Pensiones por Discapacidad para Protección Social. Esto significa que no se requerirán nuevos trámites para efectuar ese cambio.
Con respecto al dinero que reciben las asociaciones, entidades y organismos que trabajan con personas con discapacidad, éstos tendrán una actualización mensual en los aranceles de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, y será financiado por el Estado. Sobre el desfasaje superior al 70% denunciado por los prestadores, se compensará la diferencia entre los incrementos otorgados durante 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período.
Las multas y deudas de las entidades serán condonadas y podrán ser refinanciadas a través de un régimen de regularización y habrá planes para adherirse. Cada caso será evaluado
Otro punto es el financiamiento para el correcto funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas. También se garantizarán los recursos contemplados en la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
