Después del anuncio de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sobre el nuevo protocolo «antipiquetes» y el respaldo desde el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con la frase «el que corta no cobra», el reclamo por parte del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se profundizó a un día de la marcha del 20 de diciembre y llegó este lunes a la Justicia.
Los movimientos y organizaciones pidieron una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la medida “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”. La jueza Servini se declaró incompetente y giró la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.
La denuncia fue llevada a cabo por la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada del Mariana Chiacchio. En la presentación, el MST solicitó una “acción declarativa de inconstitucionalidad (…) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, «lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
En ese sentido, el movimiento de izquierda reclamó “una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”.
Además, mencionaron que la iniciativa “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
A su vez, sostuvieron que la aplicación del protocolo antipiquetes implicaría “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”.
Ante la negativa del gobierno de Axel Kicillof, con respecto a la implementación del plan anti piquete en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional salió al cruce contra la provincia de Buenos Aires: “Cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, esta mañana durante el desarrollo de la conferencia de prensa.
El vocero también advirtió al gobernador bonaerense que deberá “dar explicaciones” por el no acatamiento del “protocolo de orden público”. Y añadió: “Si la prioridad del gobierno provincial no es la circulación libre y por eso no acata al protocolo, deberá darle as explicaciones a cada uno de los bonaerenses”.
