El gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak, vienen celebrando la remodelación de tres espacios emblemáticos de la capital bonaerense —las plazas San Martín, Italia y Rocha— como parte de un plan de recuperación urbana. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales que muestran orgullo y gestión, estalló una nueva polémica en el Concejo Deliberante: la empresa adjudicataria, INSA S.A., reclama un recálculo del 48% en los montos de las obras ya contratadas.
La controversia vuelve a poner en el centro de la escena a una de las constructoras con más historia en la obra pública provincial y nacional, cuyo presidente, Daniel Osvaldo Robert, ya había sido investigado por presunta corrupción durante el gobierno de Daniel Scioli. Aunque la Justicia cerró aquella causa con sobreseimiento, el recuerdo de los expedientes “extraviados” hallados en un allanamiento a la ferretería Magaro —propiedad del propio Robert— todavía resuena en los pasillos judiciales de La Plata.
Plazas millonarias y un recálculo explosivo
En 2024, INSA S.A. se alzó con la licitación para la puesta en valor de la Plaza San Martín, con un presupuesto de $4.599 millones, en una compulsa en la que participaron seis oferentes. A poco de ese contrato, obtuvo también la remodelación de la Plaza Rocha, por casi $998 millones.
No fue todo: en el mismo año, la empresa logró imponerse en la licitación para construir un nuevo osario en el Cementerio municipal, por más de $289 millones, superando a otras firmas como ASYMI S.R.L. y TECMA S.A. En todos los casos, el municipio defendió las adjudicaciones bajo el criterio del “menor precio”.
Pero en las últimas semanas, el panorama cambió drásticamente. Según reveló la oposición en el Concejo Deliberante, los presupuestos iniciales sufrieron una “redeterminación” cercana al 50%. En números, la remodelación de plazas y el nuevo osario implicarían un gasto adicional que supera ampliamente lo previsto en la licitación.
La controversia estalló en un contexto en el que la gestión Kicillof había sido cuestionada por entregar su obra pública más costosa al grupo Roggio, uno de los conglomerados mencionados en la causa Cuadernos de la Corrupción.
Máximo Kirchner mete presión
Como si el escándalo no fuese suficiente, en un acto en Quilmes, Máximo Kirchner lanzó una frase que encendió las internas dentro del peronismo bonaerense: “Están muy lindas las plazas en La Plata, ojalá el Gobernador pusiera esa misma cantidad de recursos en Quilmes”.
A su lado, la intendenta local Mayra Mendoza aplaudió con entusiasmo, dejando a la vista la tensión política entre el kirchnerismo duro y la administración provincial. Las palabras del diputado nacional se interpretaron como un tiro por elevación a Kicillof, en un momento en que las disputas internas por la obra pública y la distribución de fondos atraviesan al oficialismo.
El largo historial de INSA
El prontuario de INSA como contratista estatal es extenso. La compañía participó en múltiples proyectos de infraestructura a nivel provincial y nacional, en ocasiones como parte de Uniones Transitorias de Empresas (UTE).
- Edificios públicos: ejecutó la ampliación del comedor de la Escuela de Policía Juan Vucetich en Berazategui y la “Casa de la Provincia” en Florencio Varela.
- Obras hídricas: fue adjudicataria del sistema de desagües pluviales del Arroyo El Regimiento en La Plata y de la limpieza del Río Arrecifes.
- Hospitales: realizó trabajos eléctricos y remodelaciones en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.
- Viales: integró la UTE que ejecutó el paso bajo nivel en Avenida 1 y 32 de La Plata.
- Transporte: en 2021, obtuvo un contrato de $344 millones para reparar los techos de la estación ferroviaria de La Plata.
- Durante el gobierno de Alberto Fernández, INSA también firmó contratos por $133 millones con AySA, cuando Malena Galmarini presidía la empresa estatal de aguas.
Estos antecedentes consolidan la imagen de una firma con llegada a distintas administraciones, sin importar el signo político, y con una fuerte capacidad de acumular contratos millonarios.
El antecedente Scioli y la sombra de Magario
La historia de Daniel Robert está marcada por un episodio que aún genera incomodidad en la política provincial. En 2017, en el marco de la investigación del fiscal Álvaro Garganta sobre supuestos desvíos de fondos durante el gobierno de Daniel Scioli, se allanó la ferretería Magaro S.A., de propiedad de Robert.
Allí, la Justicia encontró dos expedientes originales de obra pública que se habían declarado “extraviados” en la Jefatura de Gabinete. El hallazgo desató un escándalo: ¿cómo llegaron esos documentos a manos del empresario? Aunque Robert fue procesado en aquella causa, el expediente terminó con un sobreseimiento que despejó momentáneamente las sospechas.
Sin embargo, la reaparición de su empresa en la discusión política de La Plata revive los fantasmas de aquel pasado y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre contratistas y poder político en la provincia.
Una empresa que siempre vuelve
Lo cierto es que INSA S.A. se consolidó como un actor insoslayable de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Con contratos que abarcan desde plazas y cementerios hasta hospitales y desagües pluviales, la firma de Daniel Robert aparece una y otra vez en el reparto de licitaciones.
Ahora, con el recálculo del 48% que denunció la oposición y en medio de las tensiones internas del peronismo, la empresa vuelve a colocarse en el ojo de la tormenta.
La polémica plantea preguntas incómodas para el gobernador Axel Kicillof y para el intendente Julio Alak, que hasta hace poco se mostraban orgullosos de inaugurar plazas remodeladas y obras urbanas. El costo político de este nuevo capítulo podría sentirse más allá de los límites de La Plata y convertirse en un nuevo frente de desgaste para la gestión provincial.
