En un nuevo paso hacia la simplificación del andamiaje estatal y la reducción de la burocracia, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de "Ley Hojarasca". El paquete normativo, diseñado y promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone la derogación en bloque de casi 70 leyes nacionales que el Poder Ejecutivo considera totalmente perimidas, absurdas o superadas por el avance tecnológico y legal de las últimas décadas.
Desde los despachos oficiales argumentan que mantener regulaciones en desuso genera confusión jurídica, nichos de control innecesarios y, en muchos casos, erogaciones presupuestarias que no encuentran justificación en la Argentina de 2026. Bajo el principio alberdiano de que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”, la iniciativa obtuvo un amplio respaldo legislativo, abriendo el camino para una depuración histórica del Boletín Oficial.
Burocracia e insólitos controles de otra época
La selección de normas a eliminar expone el nivel de intervención que el Estado nacional supo convalidar a lo largo del siglo XX, acumulando normativas que hoy resultan disparatadas:
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Control de aves y mochileros: Se destaca la eliminación de la Ley 27.171 (2015), que obligaba a la Federación Colombófila Argentina a mantener un Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo para constatar la matrícula y año de nacimiento de las palomas mensajeras. Asimismo, cae la Ley 20.802 (1974), que exigía un carnet de mochilero obligatorio para circular a dedo por el país, una herramienta de la época de facto que habilitaba la detención policial arbitraria de turistas.
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Privilegios e inmunidades feudales: La reforma sepulta la Ley 20.959 (1975), que garantizaba a legisladores y funcionarios del Congreso el privilegio de libre circulación y estacionamiento irrestricto, una medida reñida con el principio constitucional de igualdad. También se deroga la Ley 20.843 (1974) de padrinazgo presidencial, que otorgaba becas educativas específicas al séptimo hijo varón, una costumbre folclórica que quedó desbocada ante la universalización de la gratuidad educativa formal.
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El cepo a la televisión y la tecnología: El dictamen borra leyes de la década del 70, como la Ley 20.577 y la Ley 21.895, que regulaban las innovaciones en telecomunicaciones y obligaban a una autorización legislativa expresa para poder emitir televisión a color.
Corte de subsidios y la "motosierra" sobre comisiones y premios
Más allá de las curiosidades históricas, el núcleo duro del proyecto apunta a desfinanciar estructuras intermedias y suspender premios en metálico costeados con fondos públicos. El texto modifica las cartas orgánicas de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y del Círculo de Legisladores de la Nación para retirarles de forma definitiva los aportes directos del Tesoro Nacional. "Los legisladores o intendentes que deseen participar de estos espacios asociativos deberán sostenerlos con sus propias estructuras o aportes personales" detalla el espíritu del articulado.
Bajo la misma premisa de austeridad fiscal, la norma elimina el financiamiento estatal para galardones corporativos y culturales, tales como el Premio Nacional a la Calidad (Ley 24.127) o incentivos a la literatura concebidos en los años 30. Según los fundamentos de Sturzenegger, "el sector privado no requiere que el Estado lo premie por ser eficiente; es el propio mercado el que premia la eficiencia con mayores ganancias".
Leyes de facto
El proyecto también repara en la derogación de normativas con tintes corporativistas o persecutorios heredados de gobiernos militares o de alta planificación económica:
| Número de Ley | Año de Sanción | Objeto de la norma y justificación de su baja |
| Ley N° 14.034 | 1951 |
Imponía penas de prisión a ciudadanos que propiciaran sanciones económicas contra el país. Se elimina por considerarse una norma netamente persecutoria. |
| Ley N° 14.800 | 1959 |
Obligaba a reedificar un teatro de idénticas características a cualquiera que fuera demolido. El Ejecutivo detectó que esto espantaba inversiones edilicias y dejaba baldíos abandonados. |
| Ley N° 19.787 | 1972 |
Dictada por Alejandro Agustín Lanusse, regulaba por ley los cupos obligatorios de "música argentina" con fines de control cultural y exenciones dirigidas. |
| Ley N° 20.120 | 1973 |
Facultaba a las fuerzas de seguridad a ingresar a reuniones en lugares cerrados previo aviso obligatorio. Violaba el derecho de reunión constitucional. |
| Ley N° 22.426 | 1981 |
Exigía autorización del Estado para contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras. Bloqueaba la libre contratación comercial. |
El listado definitivo incluye el fin de la Ley 22.964 (1983) que posibilitaba la internación compulsiva y asilar de pacientes con lepra —catalogada por el ministerio como un "resabio medieval"— y decretos de la década del 40 que regulaban comisiones de acopio de granos o carbón mineral, hoy inexistentes. Tras el triunfo político del oficialismo en la Cámara Baja, el proyecto fue girado al Senado, donde se espera un trámite acelerado para convertir en ley la mayor poda regulatoria del digesto nacional en lo que va del siglo.



