Paro de colectivos: el Gobierno fiscaliza y presiona para sostener el servicio mínimo

El Ejecutivo planea quitarle subsidios del día a las empresas de colectivos que no garanticen el 50% del funcionamiento de la flota.
Por: #BorderPeriodismo

En una jornada marcada por el paro nacional de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno nacional desplegó un operativo de fiscalización para intentar contener el impacto de la medida y asegurar que el transporte público, considerado un servicio esencial, no se paralice por completo.

A través de la Secretaría de Transporte, la administración libertaria anunció que controlará que las empresas cumplan con las prestaciones mínimas de servicio, estimadas en un 50% de la capacidad operativa. El objetivo: evitar que el paro se sienta con toda su fuerza en las calles y estaciones, y mostrar cierto control frente a una protesta que amenaza con vaciar las ciudades.

La presión oficial sobre las empresas incluye una advertencia clara: en caso de no garantizar el servicio mínimo, se las intimará formalmente y se aplicará la resolución 212. Esa normativa permite al Estado descontar el día de subsidio correspondiente a las líneas en falta, e incluso revisar los permisos que las habilitan a funcionar.

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Si se determina que la frecuencia mínima autorizada no fue respetada, se le notificará a la empresa para que realice un descargo en cinco días hábiles. Si el descargo no es presentado o no es considerado válido, se descontarán los subsidios y el cupo de gasoil a precio diferencial, ajustando el pago a la prestación real del servicio.

En los hechos, el Gobierno intenta responder con mano dura a una medida de fuerza que lo encuentra debilitado y con escasas herramientas de negociación frente a los gremios. La UTA reclama el cumplimiento de acuerdos salariales ya firmados, mientras que desde el Ejecutivo no logran evitar que el conflicto escale.

Paradas de colectivos colapsadas y demoras interminables: la foto que no quiere ver el Gobierno nacional

A pesar del operativo fiscalizador, el malestar de los usuarios fue evidente desde temprano en todo el país. Paradas colapsadas, demoras interminables y un clima de incertidumbre marcaron el inicio del día. Para el Gobierno, garantizar algo de normalidad en medio del caos es clave para no perder la pulseada en la opinión pública.

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