El Gobierno nacional confirmó a Infobae que descontará el día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida de fuerza coincide con el cronograma de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a obtener dictamen este miércoles para llevar la reforma laboral al recinto el jueves.
Desde el entorno presidencial fueron tajantes: "Pueden hacer lo que quieran, pero el descuento del día es un hecho para quienes no cumplan sus funciones". Esta advertencia busca desarticular el impacto de la huelga en la administración pública, aunque el verdadero desafío logístico radica en la paralización absoluta del transporte.
Un país sin transporte
A diferencia de protestas anteriores, esta jornada contará con la adhesión orgánica de todos los gremios del sector. Omar Maturano, titular de La Fraternidad, ratificó que el cese de actividades será total durante 24 horas. Esto incluye:
- Colectivos y trenes: Servicio nulo en corta, media y larga distancia.
- Subtes y taxis: Adhesión de los sindicatos metropolitanos.
- Logística oficial: Ante la falta de transporte, el Gobierno instruyó a sus funcionarios para organizar traslados privados o alternativas que aseguren la presencialidad del personal en sus puestos.
La unidad de acción de la CGT no oculta las diferencias estratégicas entre los distintos sectores gremiales. La disputa se centra en la modalidad de la protesta:
- UPCN y CGT: Optan por un paro general sin movilización callejera, bajo el argumento de que el proyecto oficial quita derechos sin fomentar la creación de empleo.
- ATE: El gremio estatal liderado por Rodolfo Aguiar rechazó la idea de un "paro dominguero" y confirmó que marchará frente al Congreso para evitar que los diputados actúen sin "la presión de la calle".
- Disidencias internas: Desde la UOM Córdoba calificaron de "tibios" a los dirigentes nacionales y exigieron medidas más drásticas ante lo que consideran un desmantelamiento de las leyes laborales.
El disparador inicial de la huelga fue la polémica inclusión de un artículo que reducía las licencias médicas. Ante la presión mediática y sindical, el oficialismo aceptó modificar ese punto, lo que obligará a que el proyecto regrese al Senado tras su aprobación en Diputados.
Sin embargo, para Andrés Rodríguez (UPCN), la corrección de las licencias no es suficiente. El sindicalismo mantiene sus críticas sobre otros ejes de la "Modernización Laboral", como la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de acuerdos por empresa sobre los de actividad y las nuevas restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
