En silencio, pero con decisión, el gobierno de Javier Milei avanza sobre uno de los capítulos más opacos del Estado argentino: el sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Desde febrero, una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, comenzó a revisar uno por uno los más de un millón de beneficios otorgados durante las últimas dos décadas. El resultado preliminar sacudió las estadísticas: 80.080 pensiones fueron suspendidas o dadas de baja.
La lupa oficial detectó todo tipo de irregularidades. Algunas, directamente escandalosas. Desde diagnósticos médicos falsos hasta presos y prófugos que cobraban el beneficio. O incluso familiares que seguían percibiendo pensiones de personas fallecidas. “Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema”, declaró Spagnuolo, quien también fue abogado personal del Presidente.
Más de 6000 pensiones de personas fallecidas
La auditoría, realizada por médicos del PAMI y personal especializado de la ANDIS, reveló que un 60% de los beneficiarios convocados no se presentó a la evaluación obligatoria. De ellos, 65.230 ya fueron suspendidos por incumplimientos formales o falta de documentación. Otros 8.207 renunciaron voluntariamente, en una aparente admisión tácita de que no cumplían con los requisitos. Y 6.643 bajas más se produjeron al comprobarse que los titulares habían fallecido, pero los beneficios seguían siendo cobrados por terceros.
El impacto económico es enorme: solo estas bajas suponen un ahorro mensual de más de 23 mil millones de pesos ($23.143.120.000), según estimaciones oficiales. La cifra surge de multiplicar los $289.000 que percibía cada beneficiario, una suma compuesta por el 70% de la jubilación mínima más un bono, por la cantidad de casos suspendidos.
Pero el Gobierno cree que esto es apenas la punta del iceberg. Según los cálculos de la ANDIS, las bajas podrían superar las 250.000 al finalizar el proceso de auditoría. La medida alcanza a todos los mayores de edad que reciben pensiones bajo la Ley 13.478 y el Decreto 432/97. Están exceptuados los menores de edad y quienes ya fueron auditados este año.
“El sistema estaba desbordado, permeado por abusos y manejado de forma clientelar durante años”, señalan en la Casa Rosada. Desde allí apuntan directamente al kirchnerismo. “Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez pasaron de 80.000 a más de un millón. Un número sin precedentes, incluso en países que atravesaron guerras”, acusó Spagnuolo, y agregó: “Durante la gestión de Alberto Fernández, la cifra volvió a crecer, alcanzando 1.250.000 beneficios entre 2019 y 2023”.
Los ejemplos que surgen de las auditorías son tan diversos como inquietantes: una mujer que se disfrazó de su marido para pasar por beneficiaria; radiografías clonadas para 150 trámites distintos; diagnósticos por “pie plano”; y al menos 212 presos y 331 prófugos que cobraban ilegalmente. En un caso extremo, un hijo se presentó en lugar del titular y admitió que su padre vivía en Egipto desde hacía meses.
El nuevo decreto presidencial (842/2024) impone reglas más estrictas. Crea un Cuerpo Médico Evaluador, obliga a todos los beneficiarios a actualizar su documentación y habilita la suspensión cautelar ante sospechas fundadas. También endurece las incompatibilidades: no podrán acceder quienes perciban otros ingresos importantes, reciban beneficios previsionales duplicados o estén prófugos o detenidos.
El objetivo, aseguran desde ANDIS, es claro: “redirigir los recursos hacia quienes verdaderamente los necesitan, sin intermediarios, sin trampas y sin privilegios políticos”. Desde el organismo, también agregaron: “Estamos avanzando en pos de la transparencia y la justicia en un sistema que hasta ahora ha estado marcado por el abuso”, concluyó Spagnuolo.
