Pidieron el procesamiento de dos expresidentes de SanCor

José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez están imputados por apropiación indebida de aportes.
Por: #BorderPeriodismo

La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, por apropiación indebida de más de $1.644 millones correspondientes a recursos de la seguridad social.

Ambos encabezaron el Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024. Según la acusación, durante ese período se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, como establece la ley.

De acuerdo al dictamen al que accedió la agencia Noticias Argentinas, Gastaldi está imputado por 17 episodios cometidos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se lo acusa de 16 hechos ocurridos en 2022, 2023 y enero de 2024. Todos en concurso real y en carácter de autor.

Si bien ambos eligieron abstenerse al momento de la declaración indagatoria, no negaron las acusaciones en su contra. Por esta razón, la fiscalía pidió su procesamiento ante el juez, basándose en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por el momento, el organismo judicial solo ordenó que se informen cambios de domicilio como medida de coerción, ya que los acusados cuentan con aspectos a favor: no tienen antecedentes penales, poseen domicilio fijo, actividad laboral declarada y, además, se presentaron a las citaciones judiciales.

Con la investigación hasta ahora, se descubrió que SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos durante 33 períodos fiscales. Reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de ARCA sostienen este hallazgo.

La causa comenzó luego de que trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato se dieran cuenta que la empresa no había transferido los aportes retenidos y radiquen las denuncias penales correspondientes.

En ambas jurisdicciones, la justicia federal se puso a cargo del caso debido a la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

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