La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral por un monto total de 6,7 millones de pesos que un comerciante acusado de vender ropa y bolsos falsificados en el barrio porteño de Once deberá entregar a la Fundación Garrahan. Este convenio pone fin a la causa penal iniciada por infracción a la Ley de Marcas.
La investigación comenzó en mayo de 2023, cuando la Brigada Operativa de la Policía Federal detectó a un hombre descargando 191 sweaters con logos de una reconocida marca desde un utilitario Renault Kangoo, junto con un remito que correspondía a otra empresa. Posteriormente, se descubrió que la cadena de locales involucrada contaba con cuatro sucursales donde se comercializaban prendas y mochilas apócrifas.
Durante los allanamientos se secuestraron 753 prendas y 250 morrales que un peritaje confirmó como falsificados. El dueño de la cadena realizó una propuesta de reparación antes de declarar, inicialmente por 2 millones de pesos, que fue rechazada por la fiscalía debido a que no se correspondía con sus ingresos ni patrimonio, que incluye propiedades y vehículos de alta gama.
El fiscal Ramiro González explicó: “El ofrecimiento de $2.000.000 presentado por su defensa no es acorde en relación a los ingresos que percibe ni a los bienes que integran su patrimonio”. Además, señaló que incluso tomando los precios más bajos de venta, el monto ofrecido estaba muy por debajo del valor de la mercadería secuestrada.
En una audiencia presidida por el juez Sebastián Casanello, el acusado ajustó su oferta a 6 millones de pesos a pagar en tres cuotas, con actualización por inflación. La fiscalía consideró que esta suma reflejaba mejor la gravedad del caso y la situación económica del imputado. Una de las marcas afectadas se opuso al acuerdo, pero sin fundamentación suficiente, por lo que el proceso continuó.
El juez Casanello homologó el acuerdo que incluye la entrega total del dinero a la Fundación Garrahan y la donación de las prendas secuestradas a una entidad de bien público. Este mecanismo de reparación integral, previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, extingue la acción penal a cambio de una compensación económica adecuada.
