Prescribió la causa por estafas que pesaba sobre un exintendente K de la cuna del peronismo

Enrique Slezack, exintendente de Berisso, fue beneficiado por la prescripción en una causa por peculado y estafa por la venta irregular de un terreno fiscal cuando era jefe comunal. El paso del tiempo y otro caso de impunidad de almanaque.
Por: #BorderPeriodismo

La Justicia penal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cerró este jueves una de las
causas por corrupción más prolongadas del distrito sin una sola condena, confirmaron fuentes
judiciales en diálogo con #BORDER. Enrique Slezack, exintendente de Berisso entre 2003 y 2015,
fue beneficiado por la prescripción de la acción penal en el juicio oral que enfrentaba por peculado
y estafa. El paso del tiempo, sumado a la inacción judicial, fue más fuerte que la prueba.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata —integrado por los jueces Cecilia Sanucci, Ramiro
Fernández Lorenzo y Hernán Decastelli— resolvió extinguir la acción penal por vulneración del
plazo razonable, al considerar que los más de 12 años transcurridos desde la denuncia inicial
constituyeron una violación a las garantías judiciales. Así, el proceso terminó sin condena y con un
sobreseimiento total y definitivo para el exfuncionario.

Una causa dormida en los anaqueles del Poder Judicial

La causa contra Slezack se inició el 8 de marzo de 2013 y estuvo más de una década acumulando
papeles sin resolución. Durante ese tiempo, hubo años de instrucción inactiva, cambios de fiscales,
pandemia mediante, y una postergación escandalosa en 2024, cuando el juicio oral ya estaba
anunciado y la defensa presentó un certificado médico por Gripe A a pocas horas de iniciar el
debate, tal como informó este medio.

El hecho investigado es emblemático. Según la fiscalía, en 2004 Slezack firmó un decreto para
rescindir unilateralmente un contrato de venta de un terreno fiscal, ubicado en calle 61 entre 122
y 123, en Villa Argüello. Luego, vendió el inmueble a un tercero que no cumplía con los requisitos
del plan de acceso a la tierra municipal. A pesar de que la operación se concretó en 2008, la
denuncia se radicó cinco años más tarde.

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Los cargos eran graves: peculado y estafa en su modalidad especial de desbaratamiento de
derechos acordados, aunque la fiscalía luego desistió del primero. La acusación se centró en que
Slezack habría utilizado su firma como intendente para modificar la titularidad dominial del
inmueble y facilitar su venta a una persona que no reunía condiciones legales ni sociales para
beneficiarse del plan de lotes con servicios.

Las responsabilidades políticas y judiciales que nadie asume

En el fallo, los jueces reconocieron que la investigación no era compleja, que el imputado no
realizó maniobras dilatorias y que las demoras son enteramente atribuibles al Estado. “El proceso
carecía de complejidad. La maniobra atribuida era sencilla de probar y la mayoría de la prueba ya
estaba disponible desde la denuncia”, detallaron los magistrados. Y agregaron: “La dilación en la
etapa de instrucción es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal”.

A ello se suman fallas estructurales del sistema judicial bonaerense: falta de jueces titulares en los
tribunales, agendas sobrecargadas, problemas edilicios, audiencias suspendidas por licencias
médicas y, sobre todo, la cultura de la impunidad por desgaste.

Lo cierto es que desde la denuncia hasta la sentencia transcurrieron más de 12 años. Si se cuenta
desde el segundo boleto de compraventa, fechado en 2005, el tiempo asciende a casi 20 años
desde la maniobra investigada. El delito de estafa, por el que la fiscalía pidió un año de prisión en
suspenso y reglas de conducta, tiene un máximo de pena de seis años. El juicio oral llegó tarde.
Demasiado tarde.

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Una postal repetida: políticos, justicia lenta y ningún condenado

El caso Slezack es un retrato acabado de cómo funciona (o no) el sistema judicial argentino cuando
los acusados son exintendentes o figuras del poder local. La impunidad por el paso del tiempo,
más conocida como “impunidad de almanaque”, es un fenómeno estructural que favorece a
funcionarios sospechados que logran llegar al juicio cuando ya no hay margen temporal para ser
condenados.

El fallo enumera que no hubo rebeldía del imputado, que no se demoró en aportar pruebas y que
incluso su declaración en el juicio resultó clara y colaborativa. Pero lo más grave es que el tribunal
tampoco cuestionó la veracidad del hecho. No negó la existencia de la maniobra. Solo dijo que ya
era tarde para juzgarla.

El argumento del “plazo razonable” no es nuevo en la jurisprudencia, pero se vuelve escandaloso
cuando se comprueba que el sistema permitió que se perdiera más tiempo del que el Código Penal
permite penar. “No puede someterse a una persona a un juicio durante 12 años sin sentencia,
especialmente cuando la pena máxima es de 6”, sostienen los fundamentos.

La estrategia de la defensa y un blanco a medida: la escribana

La defensa de Slezack, a cargo de los abogados penalistas Christian Romano y Juan Pesquera,
sostuvo desde el inicio que no hubo delito alguno. Argumentaron que el conflicto era
estrictamente civil y que la rescisión del primer boleto se debió al incumplimiento del comprador
original, José Luis Caddeo. También apuntaron contra la escribana María Luján Fogel, quien
participó en la operación de compraventa y fue procesada en la causa, aunque su situación
procesal jamás fue definida.

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En sus alegatos, la defensa planteó la insubsistencia de la acción penal por prescripción, señalando
que su cliente había sido perseguido por más de una década sin que la justicia actuara con
celeridad. El tribunal les dio la razón. El sobreseimiento fue total y definitivo.

Una causa cerrada, una ciudad sin respuestas

Slezack gobernó Berisso durante tres mandatos consecutivos. Se inició como un kirchnerista puro,
luego se alineó con Daniel Scioli y finalmente cerró filas con Florencio Randazzo. Su paso por el
municipio dejó más sombras que luces. Y ahora, con esta resolución, quedó legalmente libre de
todo cargo. No fue declarado inocente. Pero tampoco culpable.

El terreno en cuestión fue valuado en más de 150 mil dólares. El ocupante original era un vecino
con problemas económicos y de salud, según se desprende de los testimonios. Pero todo eso ya
no importa en términos legales.

El sistema, otra vez, llegó tarde. Y el resultado es el que duele: una causa por corrupción cerrada
por el paso del tiempo, sin verdad ni justicia.

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