El Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires debate un ambicioso proyecto de ley que busca transformar de raíz las condiciones habitacionales y de infraestructura del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, históricamente conocido como la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. La iniciativa, ingresada formalmente por la legisladora y arquitecta Bárbara Rossen, es el resultado de un diagnóstico social elaborado en el territorio por asambleas de vecinos, agrupaciones barriales y la parroquia Madre del Pueblo, encabezada por el sacerdote Martín Durán Christian.

La fecha elegida para la presentación del texto coincide con el aniversario del fallecimiento del padre Rodolfo Ricciardelli, referente histórico del movimiento de curas villeros que ejerció su labor comunitaria en esa zona desde fines de la década de 1960. El proyecto apunta a saldar un reclamo histórico mediante un programa integral de urbanización que resuelva las marcadas deficiencias en el acceso a servicios esenciales y mejore el entorno urbano en uno de los asentamientos más populosos del distrito.

Las claves del programa: infraestructura básica y regularización dominial

De ser aprobada, la norma delegará en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) la ejecución del Proyecto Integral de Reurbanización (PIRU), el cual contempla obras civiles proyectadas bajo un horizonte demográfico de veinte años. El financiamiento de los desarrollos se respaldará a través de partidas específicas en el presupuesto anual porteño.

Los ejes centrales del proyecto de ley se estructuran bajo las siguientes premisas:

• Servicios públicos esenciales: Planificación y tendido de redes formales de agua corriente, tendido eléctrico seguro, cloacas y desagües pluviales.

• Soluciones habitacionales: Edificación de unidades de vivienda nuevas en parcelas internas o linderas, refacción de estructuras existentes vulnerables y el otorgamiento de líneas de crédito blando para facilitar el acceso a la propiedad formal.

• Seguridad jurídica y escrituración: Puesta en marcha de un plan de regularización dominial que facilite la entrega de las primeras escrituras, acompañado de tarifas sociales de servicios públicos con reducciones progresivas.

• Gestión compartida: Creación de una Mesa de Gestión Participativa (MGP) y una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat para consensuar cada una de las obras con los representantes del barrio.

Indicadores demográficos y fomento del empleo local

El último relevamiento estadístico de carácter oficial, efectuado por la administración porteña en 2018, contabilizó la presencia de unas 12.000 familias distribuidas en un complejo habitacional de aproximadamente 4.000 viviendas. No obstante, las organizaciones comunitarias coinciden en que los índices de ocupación y densidad poblacional actuales exceden sustancialmente esos registros históricos, por lo que el plan propone actualizar la base de beneficiarios cruzando el censo original con los registros de centros de salud y el padrón de inquilinos del barrio.

Para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos del erario público, el texto de la propuesta establece que el IVC tendrá prioridad de compra sobre las propiedades que sean adjudicadas y cuyos titulares decidan poner a la venta de manera voluntaria en el futuro, garantizando que esas unidades permanezcan en manos de familias registradas en los programas de relocalización interna. Asimismo, el organismo gubernamental quedará obligado a presentar informes de avance ante la Legislatura de manera periódica.