El Senado de la Nación vive hoy una jornada decisiva que marcará el cierre del año legislativo y el rumbo económico del próximo periodo. En una sesión citada para el mediodía, el oficialismo busca la sanción de dos proyectos vitales: el Presupuesto 2026 y la denominada Inocencia Fiscal. Estas iniciativas no solo representan herramientas de gestión, sino que actúan como un mensaje directo de gobernabilidad hacia los mercados financieros internacionales, según contó Infobae.
La hoja de ruta de la sesión extraordinaria
La convocatoria, impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de las sesiones extraordinarias, presenta un inicio cargado de tensión política. El primer acto administrativo de relevancia es la jura de Enzo Fullone, quien asume su banca en reemplazo de Lorena Villaverde. Este movimiento resulta clave para consolidar el bloque de La Libertad Avanza.
Por otro lado, el bloque "Popular" (ex interbloque kirchnerista) anticipa fuertes reclamos. La disputa se centra en la distribución de las comisiones, un acuerdo sellado previamente entre el oficialismo y la oposición dialoguista. La Casa Rosada observa este escenario con calma, pues posee antecedentes parlamentarios que minimizan el impacto de las quejas opositoras en el recinto.
Los pilares del Presupuesto 2026
El plan de gastos e ingresos diseñado por la gestión de Javier Milei proyecta metas ambiciosas para el ciclo venidero. Los puntos centrales del documento incluyen:
- Crecimiento Económico: Una suba estimada del 5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
- Meta de Inflación: Una proyección anual del 10,1 %, cifra que refleja la apuesta por la estabilización de precios.
- Tipo de Cambio: Un dólar que se situaría en torno a los $1.423 para diciembre de 2026.
- Disciplina Fiscal: La ratificación del superávit financiero (0,2 %) y primario (1,5 %).
Artículos en disputa: Educación y Universidades
A pesar del optimismo oficialista, la votación en particular enfrentará desafíos técnicos. El foco de la oposición dialoguista recae sobre el Artículo 30, el cual elimina los pisos mínimos de financiamiento para los sistemas de Educación, Ciencia y Tecnología. Esta medida genera especial resistencia en los representantes de las provincias, quienes temen por el desfinanciamiento de sus regiones.
Asimismo, el Artículo 12 introduce una cláusula de control estricto sobre las universidades nacionales. Bajo esta normativa, las casas de altos estudios deben presentar información detallada sobre el uso de sus recursos ante la Secretaría de Educación. El incumplimiento de esta entrega de datos facultará al Ministerio de Capital Humano para interrumpir las transferencias de fondos, un punto que promete un debate encendido.
La estrategia del Gobierno descansa sobre una base de 44 legisladores, compuesta por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Si bien la sanción en general parece garantizada por el apoyo de algunos gobernadores peronistas, la jefa del bloque en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, deberá desplegar toda su pericia política para evitar que las disidencias en artículos específicos desvirtúen el corazón de la ley.
