En medio del debate por el Presupuesto, desde el sector que nuclea a la salud privada manifestaron su preocupación si la ley de leyes finalmente es aprobada. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) consideran que de darse ese escenario podría tener serias consecuencias.
Entre los principales temores que esgrimieron desde la institución mencionan que más de 1 millón empleados del sector correrían riesgo de perder sus fuentes de trabajo, además de dejar al borde del cierre a muchas empresas del rubro.
El duro comunicado de la UAS
La entidad que nuclea a 17 asociaciones y cámaras de laboratorios, clínicas, servicios odontológicos, empresas de emergencias médicas, prestadoras de salud y bioquímicos, entre otros, aseguró que ven "con suma preocupación la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026".
En otra parte del comunicado, la UAS considera "urgente el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales" y añade que "esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público".
En ese sentido, el organismo afirma que "en este escenario, resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema".
"La salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población", cierra el contundente comunicado.
De esa forma, la entidad manifestó su inquietud por la eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, donde estaban incluidas varios temas como la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías. Además, ese apartado contenía la prórroga de la “Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive”, según consigna Infobae.
