El Gobierno nacional dio un paso clave para habilitar la venta total o parcial de empresas públicas. A través de la Disposición 29/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) aprobó la implementación de un módulo digital específico dentro del sistema CONTRAT.AR, destinado a gestionar los procesos de privatización bajo el marco de las Leyes 27.742 y 23.696.
La iniciativa busca modernizar y agilizar los mecanismos para transferir activos estatales al sector privado, promoviendo, según la resolución, “transparencia, competencia y máxima concurrencia” en las operaciones. El nuevo módulo, bautizado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, permitirá tramitar electrónicamente licitaciones y concursos para la venta de acciones, establecimientos productivos, concesiones, licencias, permisos e incluso la administración de activos públicos.
Qué hacer para participar
En la práctica, cualquier interesado en participar deberá registrarse como usuario externo en el sistema y validar su identidad mediante el procedimiento descripto en el Anexo I de la disposición. La ONC también aprobó modelos de actas y declaraciones juradas que serán obligatorias, donde los postulantes deberán acreditar su habilidad para contratar, su elegibilidad y la identificación del beneficiario final.
Para las concesiones vinculadas a obras e infraestructuras públicas y servicios públicos regidos por la Ley 17.520, se mantendrá el mecanismo ya aprobado por la Disposición ONC N° 84/24. Esto significa que los concesionarios previamente inscriptos no tendrán que volver a registrarse para competir en los nuevos procesos.
Actualmente, el Gobierno mantiene en carpeta la privatización de ocho empresas públicas. Según datos de la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2025, estas compañías registraron un déficit financiero conjunto de $74.395 millones. Sin embargo, tres de ellas, Corredores Viales, Intercargo y Nucleoeléctrica, lograron cerrar con saldo positivo.
Nucleoeléctrica: opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Pese a una fuerte reducción de su superávit, de $142.000 millones en 2024 a $17.234 millones en 2025, sigue siendo la más rentable del grupo. Su capital accionario se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%).
Corredores Viales: administra 5.884 km de rutas en 13 provincias y se encarga del mantenimiento y explotación de autopistas y autovías concesionadas. Cerró el período con un excedente de $5.200 millones.
Intercargo: proveedora de servicios de rampa y traslado de pasajeros en aeropuertos, mantuvo superávit en 2024 y 2025, con $7.000 millones y $5.736 millones, respectivamente.
Las restantes cinco empresas, Enarsa, AySA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, registraron pérdidas. Enarsa lidera la lista con un rojo de $34.897 millones, seguida de Trenes Argentinos con $44.600 millones.
Un superávit general que oculta disparidades
El panorama agregado de las 33 empresas públicas no financieras del país muestra un saldo positivo de $7.093 millones en el primer trimestre de 2025. El Ministerio de Economía destacó que, frente al mismo período de 2024, se produjo una mejora de $149.381 millones. Sin embargo, las diferencias entre las empresas son notorias: mientras algunas logran sostenerse o generar ganancias, otras siguen acumulando pérdidas que, según el oficialismo, justifican su traspaso al sector privado.
En este marco, la habilitación del nuevo módulo en CONTRAT.AR representa un paso técnico pero decisivo para poner en marcha las subastas, licitaciones y concesiones. De ahora en más, el desafío será ver si el interés privado acompaña el objetivo oficial y si el proceso logra conciliar la necesidad de ingresos fiscales con el debate político y social que despiertan las privatizaciones en la Argentina.
