Jorge Castillo, mejor conocido como el “rey de La Salada”, fue procesado en la causa que lo investiga por evasión fiscal, asociación ilícita, lavado de dinero y violación de la ley de marcas.
Según la información de TN, la Justicia Federal de Quilmes resolvió que el acusado deberá afrontar un embargo de 750 millones de pesos y continuará detenido.
Castillo fue aprehendido en la madrugada del 22 de mayo en el country Haras Argentino Farm Club, ubicado en Luján. El procedimiento transcurrió en medio de un fuerte operativo policial que contó con la presencia de 30 efectivos de la Policía Federal.
El juez Luis Armella también solicitó la detención de otras 20 personas y allanamientos en otros lugares de venta, como la feria El Olimpo y las galerías del barrio porteño de Flores. La Salada, en particular, fue clausurada el mismo jueves que se llevó a cabo la detención y reabrió tres semanas después.
Para que permanezca abierta, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- La presentación de la constancia impresa de suscripción ante el ARCA por parte de los titulares de los puestos.
- La inscripción de cada empleado en los organismos correspondientes.
- La emisión de comprobantes de venta.
- La presentación del contrato de alquiler y la constancia de procedencia de la mercadería en caso de inquilinos.
- La designación de nuevas administraciones en un plazo de 90 días para regularizar las sociedades.
- La incorporación de sistemas bancarizados para el cobro en los predios.
Detalles de la causa
La investigación comenzó el 17 de marzo de 2015, cuando la AFIP (ahora ARCA) denunció posibles delitos económicos en la feria La Salada.
De acuerdo a la causa, Castillo y sus socios también acusados, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, utilizaban una “compleja estructura societaria” para dificultar la identificación de los beneficiarios finales y evadir impuestos. Se cree que lo habrían hecho a través de declaraciones juradas engañosas y facturación apócrifa.
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, quienes están al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), procesaron al empresario en 2019 y abrieron una causa que concluyó en mayo de este año.
En ese momento, formalizaron las imputaciones y solicitaron que el caso avance hacia un juicio oral ante un tribunal federal bajo el argumento de que entre 2013 y 2017 los acusados habrían evadido más de 142 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias y otros $126.684.567 en concepto de IVA, más intereses que superan los 228 millones.
En el caso puntual de Castillo, se lo señala por una evasión de $19.170.956 en Ganancias y $10.415.000 en IVA, con intereses acumulados por encima de los 15 millones de pesos.
