Protesta en Olivos por la potencial desregulación de las prestaciones en discapacidad

Las organizaciones apuntan contra una posible iniciativa que permitiría a los organismos públicos y empresas fijen los aranceles “que les parezca” para la financiación de las prestaciones.
Por: #BorderPeriodismo

Cientos de personas con discapacidad, familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se manifestaron frente a la residencia presidencial por una posible medida del Gobierno que permitiría que las empresas que financian las prestaciones fijen aranceles “que les parezca o convenga” de manera unilateral, discrecional e independiente.

Alertados por esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Quinta de Olivos para buscar detener esta posibilidad.

La protesta fue nacional, tuvo lugar en distintos puntos del país, como Rosario (Santa Fe), Tucumán, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María (Córdoba), Mendoza, San Juan y Salta. También en distintos puntos del conurbano bonaerense.

“Respetemos a todos/ No a la desregulación”, “No somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona”, “No a la desregulación de las prestaciones básica de discapacidad”, fueron algunos de los mensajes escritos en las decenas de carteles desplegados frente a la Quinta Presidencial.

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Qué piden las organizaciones

Lo que las organizaciones y asociaciones movilizadas a la residencia presidencial alertan es el inminente dictado de una medida que establece que los organismos públicos y empresas que por ley 24.901 financian las prestaciones fijarán aranceles “que les parezca o convenga” de manera unilateral, discrecional e independiente de la realidad de cada familia.

Esto quiere decir que las personas que reciben tratamiento podrían pagar costos que no contemplen su situación económica y, por lo tanto, quedar afuera de los servicios que reciben.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, que aúna a organizaciones y asociaciones del sector advirtió: “Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”.

“La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello”, explicó a través de un comunicado.

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