En su regreso a las conferencias de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó la custodia oficial para los entornos familiares de los altos mandos del Gobierno. El funcionario se amparó en el concepto de seguridad nacional y en la normativa vigente para explicar el uso de recursos como vehículos y personal fuera de la jornada laboral.
La jerarquía de la seguridad oficial
El esquema de protección en Argentina no es uniforme y depende del rango y la exposición de cada figura política. Actualmente, dos normas principales estructuran estos operativos:
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Seguridad Presidencial (Decreto 648/2004): Firmado originalmente por Néstor Kirchner, delega en la Casa Militar la responsabilidad de proteger al Presidente, su familia directa y las sedes oficiales (Casa Rosada y Quinta de Olivos).
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Régimen de Custodia (Resolución 757/2018): Esta normativa, impulsada por Patricia Bullrich, organiza la seguridad del resto del Gabinete en tres escalafones coordinados por el Ministerio de Seguridad:
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Primer Nivel: Alcanza al Vicepresidente y su grupo familiar.
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Segundo Nivel: Incluye al Jefe de Gabinete, al Ministro de Seguridad y a funcionarios con funciones críticas denominados de "apoyo operativo".
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Tercer Nivel: Destinado a exmandatarios y otros funcionarios que, tras una evaluación de riesgo específica, soliciten la protección de forma temporal.
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Operatividad y confidencialidad
La ejecución de estos operativos recae principalmente en la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la coordinación de la Superintendencia de Custodia. Según la Ley de Seguridad Interior, también pueden intervenir la Gendarmería, la Prefectura y la PSA como fuerzas de apoyo.
Existen reglas estrictas para garantizar la eficiencia del servicio:
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Confidencialidad: El personal asignado debe suscribir acuerdos de reserva y los detalles específicos de los movimientos se encuentran en un anexo de carácter reservado.
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Uso de recursos: Está prohibido el uso de sirenas o balizas de forma discrecional, permitiéndose únicamente ante una situación de riesgo real.
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Permanencia: El servicio es obligatorio, pero el Ministerio de Seguridad tiene la facultad de retirarlo si se detecta un uso intermitente o inadecuado del mismo.
