El escenario judicial en torno al préstamo de 50.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional en 2018 dio un vuelco. A través del Decreto 87/2026, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenaron a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cesar su intervención en la causa penal que investigaba a la plana mayor del gobierno de Mauricio Macri. La medida no solo deroga el rol de querellante que el Estado asumió en 2021, sino que convalida el archivo del expediente dictado por la Justicia Federal.

El fin de la judicialización de la política económica

La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en un principio de racionalidad de recursos, según publicó Infobae. Desde la Casa Rosada sostienen que la participación de la Procuración en fueros penales es "excepcional" y que el organismo carece de una estructura técnica especializada en delitos económicos complejos. El argumento oficial enfatiza que la persecución de estos presuntos ilícitos debe quedar exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal para evitar superposiciones de funciones o el uso de la estructura estatal con fines de "persecución política".

El cierre de la investigación, que apuntaba contra figuras como Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, se apoya en un fallo de la magistrada interviniente que consideró que los hechos denunciados no constituyen delitos. Para la justicia, la firma de la "carta de intención" y el acuerdo stand-by fueron actos discrecionales del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su política económica. El fallo subraya que los efectos macroeconómicos de tales decisiones, por más cuestionables que resulten para algunos sectores, no son judiciables bajo la óptica del derecho penal.

Este desenlace se suma al archivo previo de una investigación anexa sobre la presunta "fuga de capitales" por 86.000 millones de dólares. En aquel proceso, la jueza María Eugenia Capuchetti determinó que la búsqueda de irregularidades era "especulativa" y que no existían indicios concretos de lavado de activos o evasión que justificaran el escrutinio sobre miles de personas y empresas. La confirmación de la Cámara Federal, integrada por los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia, terminó de sellar la suerte del expediente al rechazar las apelaciones de la fiscalía y la entonces AFIP.