Marco Chediek, empresario y militante del espacio político La Libertad Avanza (LLA), fue condenado a realizar donaciones al Hospital Garrahan, colaborar con un merendero, cumplir trabajos comunitarios y ofrecer disculpas públicas. Esto se decidió luego de que amenazara de muerte a varios dirigentes políticos a través de sus redes sociales en diciembre de 2023.
Entre los dirigentes amenazados se encuentran Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén ‘El Pollo’ Sobrero y Hugo Moyano, quienes presentaron una denuncia formal ante el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La investigación comenzó en enero de 2024 y concluyó que Chediek había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.
En sus mensajes, Chediek advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas”. Debido a la reiteración de estas amenazas, los dirigentes iniciaron una causa judicial por “incitación a la violencia colectiva y amenazas”, que finalmente fue elevada a juicio.
“Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”, aseguró Chediek en redes.
La Justicia
La resolución judicial obliga a Chediek a reparar el daño causado mediante donaciones al Hospital Garrahan y un merendero, además de realizar trabajos comunitarios y disculparse públicamente por sus actos, como parte de las medidas para resarcir y prevenir futuras conductas violentas.
Otra de las medidas impuestas consiste en grabar un mensaje en TikTok pidiendo disculpas públicas a los dirigentes amenazados, rectificando sus dichos y reconociendo el daño provocado.
La denuncia también fue impulsada por el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el sindicato docente SUTEBA, que reclamaron sanciones ejemplificadoras ante lo que consideraron un caso de discurso de odio.
