La investigación judicial sobre el violento ataque al edificio del Grupo Clarín, donde funcionan Canal 13 y TN, arrojó un dato que encendió las alarmas dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires: uno de los participantes identificados por las cámaras de seguridad fue Matías Federici, un funcionario de Axel Kicillof. Su rostro apareció entre los agresores que irrumpieron en las instalaciones del canal en el barrio porteño de Constitución, tras la masiva concentración de militantes kirchneristas frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner por el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Federici no es un ignoto militante de base. Se desempeña como director de Estadística Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, bajo la órbita del ministro Juan Martín Mena, una de las principales figuras de La Cámpora. Desde ese cargo técnico, tiene a su cargo la recolección, análisis y difusión de datos sobre la población carcelaria provincial, insumos clave para los informes criminológicos y la evaluación de las políticas penitenciarias del gobierno de Kicillof. Su puesto, en apariencia administrativo, lo coloca en una posición estratégica para la elaboración de políticas públicas y la relación con otros organismos del sistema judicial.
El hallazgo de Federici entre los autores del ataque, que dejó autos destrozados, vidrios rotos, vitrinas saqueadas y puertas vandalizadas, expone una cara más cruda de la radicalización militante que algunos sectores niegan o minimizan. La Justicia ya avanzó en su identificación a través del análisis de cámaras y registros de manifestaciones en redes sociales.
Un cuadro técnico con ADN camporista
La carrera de Matías Federici en la función pública se encuentra marcada por un trayecto constante dentro del entramado kirchnerista y, más específicamente, en los núcleos cercanos a La Cámpora. Su nombramiento actual en el Ministerio de Justicia bonaerense no fue un salto aislado: durante la presidencia de Alberto Fernández fue designado como director de Asuntos Comunitarios en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo también permeado por la influencia de la agrupación que comanda Máximo Kirchner.
Federici fue incorporado en esa etapa como parte de un paquete de designaciones que buscó ampliar la representación de militantes camporistas en distintas áreas del Estado. Su nombre figura entre los beneficiarios de la redistribución de poder que impulsó el kirchnerismo durante la pandemia. También trabajó como asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, una de las usinas donde se forman y consolidan cuadros políticos del peronismo bonaerense.
Su paso por distintas estructuras estatales no se limitó a esos cargos. También fue asesor en la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde articuló con legisladores del oficialismo en proyectos y debates parlamentarios. Además, ocupó cargos en la Municipalidad de Moreno, otro bastión kirchnerista del conurbano, lo que da cuenta de su fuerte inserción en el esquema territorial del movimiento. El perfil de Federici mezcla militancia orgánica y un alineamiento sin matices con los sectores duros del kirchnerismo.
El ataque, la identificación y el efecto dominó en el gobierno
El episodio que lo compromete ocurrió la misma noche en la que militantes de La Cámpora —tras una masiva movilización— irrumpieron con violencia en el edificio del Grupo Clarín, en una escalada que fue ampliamente registrada por cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Allí, rompieron autos, atacaron las vitrinas de premios del canal, destrozaron puertas, ventanas y dañaron estudios y oficinas de producción. La Policía de la Ciudad y la Justicia identificaron a varios de los agresores, entre ellos a José Lepere, histórico armador de Wado de Pedro y exfuncionario nacional, y al ahora señalado Federici.
La participación de un funcionario bonaerense en un hecho de esta magnitud representa un nuevo foco de tensión para el gobernador Axel Kicillof, quien se esfuerza por mantener la cohesión de su gobierno en un contexto económico y político adverso. Si bien hasta el momento no se conoció ninguna declaración oficial del Ministerio de Justicia bonaerense, ni del propio Kicillof, las presiones internas para tomar una decisión respecto al futuro de Federici en el cargo crecen con fuerza.
La fiscalía a cargo de la investigación analiza imputaciones por daños, violación de domicilio, incitación a la violencia e intimidación pública, delitos que podrían agravar la situación del funcionario en términos judiciales, pero también políticos. Por ahora, el gobierno bonaerense no ha confirmado si se le inició un sumario administrativo o si será apartado temporalmente de sus funciones, lo que deja abierta una polémica en ascenso.
Resolución 576_2024 by Border Periodismo
Una estructura militante con cargos, poder y responsabilidades
La identificación de Matías Federici como uno de los autores materiales del ataque a TN es apenas una pieza más de un rompecabezas que preocupa al kirchnerismo. La investigación judicial ya expuso a otros actores del armado político bonaerense que participaron de la misma acción violenta. Además de Lepere, también se identificó a militantes de Tres de Febrero como Facundo Lococo —exconcejal y otro activo camporista— y Rubén Ezequiel Pavón, consejero universitario en la UNTREF. El único detenido hasta el momento es Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años, que fue capturado horas después del ataque mientras tomaba cerveza con otros manifestantes en la vía pública.
El perfil de estos agresores no responde a la figura clásica del "infiltrado violento" o del activista marginal. Se trata de funcionarios, asesores, exconcejales y dirigentes con roles concretos en el Estado, lo que agrava las implicancias institucionales del caso. En el entorno de Kicillof reina el silencio, aunque fuentes del Ejecutivo admiten por lo bajo que la situación es "insostenible". La posible renuncia o remoción de Federici podría ser inminente, aunque su desenlace dependerá también de cómo se mueva el tablero interno del peronismo bonaerense.
Mientras tanto, la causa judicial avanza y suma pruebas. La Justicia ya solicitó el entrecruzamiento de llamadas y analiza publicaciones en redes sociales que podrían aportar más elementos para futuras imputaciones. La presencia de Federici entre los agresores no solo revela el nivel de implicación del aparato estatal en el hecho, sino que reabre la discusión sobre los límites de la militancia partidaria y el uso de cargos públicos como plataforma de acción política directa.
El caso recién empieza, pero su impacto político ya se hace sentir. En el corazón del gobierno bonaerense, el nombre de Matías Federici es sinónimo de una crisis que no será fácil de desactivar.
