Carlos Casares presentó su renuncia indeclinable como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), convirtiéndose en la quinta salida registrada en menos de 24 horas dentro del Gobierno nacional. Su alejamiento ocurre en un contexto de reestructuración estatal que genera incertidumbre sobre los nuevos cuadros tarifarios para el invierno y la futura unificación administrativa de los entes reguladores de la energía.

En el mismo período, también se registraron cambios en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Unidad de Información Financiera (UIF), evidenciando una renovación profunda en distintos sectores del Ejecutivo.

En su carta de renuncia, Casares enumeró 21 puntos destacados de su gestión, aunque admitió no haber cumplido las expectativas previstas para su rol. En particular, expresó su sorpresa por no haber sido incluido en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad —organismo que reemplazará al Enargas y al ENRE desde el 1 de marzo de 2026— y señaló: “Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”.

Sin embargo, añadió: “No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.

Casares asumió la intervención del organismo en enero de 2024, tras haber formado parte desde marzo de 2023 del equipo que diseñó los lineamientos de la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la Ley de Bases. En ese proceso, trabajó junto a Eduardo Rodríguez Chirillo en propuestas regulatorias vinculadas al gas natural, el GNL y otros combustibles gaseosos.

Su desempeño frente al Enargas

Durante su gestión se implementó la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y distribución de gas, con requisitos de inversión para las empresas proveedoras. También se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se cumplió con los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023. Además, el plantel del Enargas se redujo de 707 a 516 trabajadores como parte de un proceso de racionalización interna.

Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales en la elaboración de normativas sobre gas natural y GNL, en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía. Bajo su intervención, se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025–2030, el tercer proceso integral de este tipo en la historia del Enargas, tras los realizados en 1997 y 2017.

Asimismo, se implementaron ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución y se regularizó el traslado del precio del gas en tarifa mediante normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). También se avanzó en la regularización de subdistribuidores y en la gestión de autorizaciones para garantizar el abastecimiento domiciliario en diversas localidades del país.

Entre los logros más relevantes figura el regreso del Enargas a la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE), con activa participación en el Grupo de Trabajo de Gas, y la asistencia técnica para reglamentar capítulos de la Ley de Bases vinculados a hidrocarburos y al diseño institucional del nuevo ente regulador unificado.

Desde mayo de 2025 se publicó una agenda regulatoria para transparentar los temas en revisión y su avance. Además, se evaluó el desempeño de las 11 licenciatarias de servicios conforme a la Ley 24.076 y se gestionaron prórrogas de licencias.

En cuanto a expedientes históricos, se resolvieron casos relacionados con el abastecimiento del Gasoducto Patagónico en coordinación con YPF, Pan American Energy, Camuzzi Gas del Sur y gobiernos provinciales. Se regularizaron 442 expedientes sancionatorios anteriores y se iniciaron 605 nuevos procedimientos, superando el promedio de gestiones previas, junto con una actualización sistemática de multas según parámetros de la industria.

En materia de transparencia, el índice del organismo aumentó del 66% al 92,6%, según mediciones de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, avance atribuido en parte a mejoras en la página web para facilitar el acceso público a la información.