Rafecas fue apartado de la causa que investiga la presunta mansión de "Chiqui" Tapia

La causa que lleva adelante la investigación por presunto lavado y que involucra al presidente y al tesorero de la AFA pasó al Fuero Penal Económico. El juez Marcelo Aguinsky quedará a cargo.
Por: #BorderPeriodismo

La Sala I de la Cámara Federal decidió que la causa que investiga la mansión y el predio de diez hectáreas que tendrían relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia a través de testaferros y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky y deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas.

Con esta nueva decisión, Rafecas deberá remitir el expediente a la cámara para que continúe con las medidas que quedaron pendientes y donde, antes de ser sacado, había dictado el embargo preventivo de la casona, además de ordenar que los 54 vehículos de alta gama, motos de lujo y dos kartings que fueron encontrados dentro de un galpón no puedan ser movilizados. También, Rafecas dispuso el secreto fiscal de Wicca S.A.S., anterior propietaria de la casa del country.

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Cómo venía la causa hasta la salida de Rafecas

La Justicia hasta ahora pudo comprobar que la mansión que se le atribuye a Tapia y Toviggino, fue comprada por Carlos Tevez en el año 2017, quien luego la vendió a la empresa Malte SRL en junio de 2023. También se recibieron denuncias que dieron cuenta que esa sociedad estaría integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, dos personas que serían del círculo íntimo del tesorero de la AFA.

Por otra parte, hay otra sociedad denominada Real Central SRL, donde la mujer también aparece como propietario de otra casa en un country de Pilar. Además, esta semana, Rafecas prohibió la salida del país de Pantano y Conte, luego de recibir un informe elaborado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Solo resta esperar si el juez penal económico Marcelo Aguinsky continuará con esa línea de investigación que busca determinar si existen testaferros y si se realizaron operaciones de lavado de dinero para la adquisición de bienes como inmuebles de alto valor adquisitivo y vehículos de alta gama.

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