La sede central de la Justicia Nacional del Trabajo fue ocupada por sus trabajadores, quienes decretaron un paro total de actividades por 48 horas. La medida de fuerza surge como respuesta directa al artículo 91 del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno nacional, que establece la transferencia progresiva de este fuero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La ocupación del edificio ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760 finalizó cerca de las 9:30 tras una asamblea de emergencia. Sin embargo, la parálisis administrativa es total y se prevé una movilización masiva para este martes a las 11:00, lo que profundizará la inactividad en una de las áreas más sensibles del Poder Judicial.
El polémico artículo 91
El eje del conflicto radica en el plan oficial para desarticular la estructura nacional del fuero. El proyecto de ley estipula que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia solo hasta que se formalice el acuerdo de traspaso con el Gobierno porteño. Una vez firmado, comenzará una "disolución progresiva" de los tribunales nacionales.
- Justicia Residual: Según el plan, los juzgados nacionales actuales solo tramitarán las causas ya iniciadas, sin recibir nuevos expedientes.
- Competencia CABA: Las demandas laborales futuras ingresarían directamente a la justicia de la Ciudad.
- Vacantes congeladas: La reforma implicaría el cierre de juzgados y la suspensión de concursos para designar magistrados en 30 despachos que hoy se encuentran vacantes.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), bajo la conducción de Julio Piumato, denunció este movimiento como un "atropello a la independencia judicial". El sindicato argumenta que el traspaso vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la protección efectiva de los derechos de los trabajadores al someter al fuero a una estructura política local.
A este rechazo se sumó la Asociación de Magistrados, preocupada por la incertidumbre sobre el destino de los jueces nacionales y la infraestructura existente. Para los críticos, el traspaso permite reformas en la jurisprudencia laboral sin el consenso necesario, lo que afectaría la previsibilidad de los fallos.
El conflicto ocurre bajo la sombra del fallo "Levinas" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicho dictamen, el máximo tribunal ya reconoció al Superior Tribunal de Justicia de CABA como instancia revisora de recursos extraordinarios, en un paso hacia la consolidación de la autonomía de la capital. No obstante, los trabajadores judiciales sostienen que una transferencia total de la justicia ordinaria requiere de una arquitectura legal que hoy no está garantizada y que atenta contra la carrera judicial de miles de empleados.
