Un fiscal pidió avanzar con el decomiso de 20 propiedades de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia para recuperar $685.000 millones en la causa Vialidad, por la que la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

La decisión final sobre este pedido quedó en manos de la Cámara de Casación Penal. El fiscal general Mario Villar se opuso a las apelaciones de la ex presidenta y de sus hijos contra la ejecución de bienes ordenada por el Tribunal Oral Federal 2.

Sostuvo que el decomiso ya fue dispuesto en la sentencia condenatoria, confirmada por la Corte Suprema, y que lo que resta es su ejecución concreta para cubrir el daño al Estado.

Del total de inmuebles, uno está a nombre de Cristina Kirchner y 19 pertenecen a Máximo y Florencia, heredados a título gratuito.

La defensa de la familia Kirchner denunció persecución política y afirmó que los bienes tienen origen lícito, pero el fiscal remarcó que esas discusiones no frenan la ejecución del decomiso en sede penal.

Según Villar, la medida es compatible con los estándares internacionales de recuperación de activos en casos de corrupción y apunta a evitar la impunidad en delitos de criminalidad económica organizada.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que el decomiso puede alcanzar bienes transformados, mezclados o reinvertidos con dinero de origen ilícito, aún cuando estén en manos de terceros no condenados.

“El decomiso no tiene naturaleza punitiva, sino que busca ‘neutralizar los efectos patrimoniales del delito y restablecer el equilibrio jurídico y económico vulnerado’”, sostuvo el tribunal.

Respecto de la objeción de los hijos de la ex presidenta, el tribunal afirmó:
“Los argumentos relativos a la titularidad registral inicial de los bienes deben ser desechados, por haberse demostrado su vinculación con el beneficio del delito”.