El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) difundió un informe que expone una situación inédita en el sistema penitenciario argentino, con un total de 121.443 personas privadas de libertad a fines de 2024. Esta cifra representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior, marcando un récord histórico en la cantidad de internos.
La tasa de encarcelamiento alcanzó los 258 detenidos por cada 100.000 habitantes, la más alta registrada en el país. Mientras que la población general creció apenas un 1% anual en la última década, la cantidad de presos experimentó un aumento cercano al 6% anual, evidenciando un crecimiento desproporcionado.
El informe también destaca una desconexión entre el aumento de la población carcelaria y la criminalidad, ya que las estadísticas oficiales de delitos permanecieron estables sin reflejar un incremento en las detenciones.
Actualmente, el sistema penitenciario opera con una ocupación promedio del 130,2%, es decir, con un 30% más de internos que plazas disponibles. La situación más crítica se registró en la provincia de Salta, con un índice de hacinamiento del 245%, seguida por San Juan y Buenos Aires. A pesar de que la capacidad de alojamiento creció un 17,5% a nivel nacional, el hacinamiento persiste como un problema estructural.
Respecto a la situación judicial de los internos, el 62% de la población penitenciaria tenía condena firme, mientras que un 37,3% se encontraba en prisión preventiva a la espera de sentencia. Neuquén se destacó por contar con casi todos sus internos condenados, en contraste con Córdoba y Formosa, donde casi la mitad de los detenidos aún no tenían sentencia definitiva.
El análisis por tipo de delito reveló que la mayoría de los encarcelamientos, un 36,4%, correspondió a delitos contra la propiedad, como robos y hurtos. En segundo lugar, se ubicaron los delitos contra las personas con un 21,7%, seguidos muy de cerca por los delitos contra la integridad sexual, que representaron el 20,5% de los casos.
El informe también evidenció diferencias significativas según el género. En los hombres prevalecieron las causas por robo, mientras que en mujeres y personas trans la principal razón de detención estuvo vinculada a delitos relacionados con estupefacientes, alcanzando un 36,3% y un 34%, respectivamente.
Otro dato relevante fue el aumento en la proporción de penas cortas. El 17% de los condenados recibió sentencias de hasta tres años, un porcentaje que creció respecto al 13,5% registrado en 2022. Estos delitos, por su menor gravedad, podrían ser de ejecución condicional según la legislación, pero en la práctica incrementan la población carcelaria. Las provincias de San Juan, el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza mostraron los porcentajes más altos de internos con condenas breves.
En cuanto al perfil sociodemográfico, los varones representaron el 95,4% de la población penitenciaria, mientras que las mujeres y personas trans o no binarias constituyeron el 4,4% y el 0,2% respectivamente. La edad promedio indicó una población mayoritariamente joven, con casi siete de cada diez internos entre 21 y 39 años.
Los extranjeros sumaron el 4,5% de los detenidos, cifra que se corresponde con la proporción de inmigrantes en el país según el último censo, siendo la comunidad paraguaya la más numerosa dentro de este grupo.
Por último, el informe reportó la presencia de 256 personas alojadas bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, representando el 0,2% del total. La mayoría de estos casos se concentraron en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Salta.
