El proceso de reducción del empleo público iniciado en diciembre de 2023 dejó un saldo contundente: 60.784 puestos menos en el Estado nacional hasta octubre de 2025, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cifra equivale a un recorte del 17,7% de la planta estatal, con un ritmo de 83 desvinculaciones por día.
El ajuste se concentró en las empresas públicas, que absorbieron la mayor parte de las bajas. El Correo Argentino encabezó la lista con 5.155 despidos, seguido por Trenes Argentinos, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AySA, todas con reducciones significativas en su personal. En términos proporcionales, la caída más drástica se registró en la exTélam, donde el 80% de la plantilla fue desvinculada, y en la Casa de la Moneda, que perdió el 44% de sus trabajadores.
La estrategia oficial
La política de recorte se enmarca en la estrategia oficial de achicar la estructura estatal y reducir el gasto público, bajo el argumento de eficientizar la gestión y limitar el déficit. Sin embargo, el impacto social y económico es evidente: miles de familias quedaron sin empleo y sectores estratégicos del Estado vieron debilitada su capacidad operativa.
El Gobierno ya proyecta una segunda etapa de ajuste para 2026, que implicaría una reducción adicional del 10% del personal público. La medida busca consolidar el esquema de austeridad y avanzar hacia un modelo de administración más liviano, aunque genera preocupación en sindicatos y especialistas por el efecto sobre la prestación de servicios esenciales.
El recorte abre un debate profundo sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de racionalizar recursos, distintos actores advierten que la salida masiva de trabajadores y la contracción de empresas públicas pueden deteriorar la calidad de servicios básicos y aumentar la vulnerabilidad de sectores dependientes de la acción estatal. En apenas dos años, el ajuste dejó una marca histórica: decenas de miles de empleos menos, empresas públicas debilitadas y un horizonte de nuevas reducciones que promete mantener la tensión entre eficiencia fiscal y protección social.
Quienes en los últimos días han manifestado su preocupación por las desvinculaciones estatales han sido los representantes del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), al mando de Rodolfo Aguiar, quién en polémicas declaraciones sugirió que su trabajo es "dar las discusiones y lograr quebrar al Gobierno", lo que decantó en denuncias penales, por "intento de desestabilización democrática".
