El Gobierno avanzó con la modificación a través de un DNU de la ley 25.520 y le otorgó nuevas funciones a la Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina (SIDE), con el objetivo de modernizar su funcionamiento, además de reorganizar su estructura interna.

Los cambios también proponen la modificación de algunas áreas, como así también la eliminación de otras. Incluso, algunas de ellas cambiarán de nombre y se fusionarán, con el fin de reordenar el organigrama de la agencia y evitar superposición de tareas.

Cómo quedará conformada la SIDE con las modificaciones y que función tendrá

En primer lugar, cabe destacar que el DNU con la reestructuración de la SIDE ya fue publicado en el Boletín Oficial y uno de los puntos que generó más polémica es el que establece que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”, incluso el Gobierno autoriza a los agentes de inteligencia a montar a "aprehender" a personas sobre las que recaiga una orden judicial o cometan un delito de flagrancia, es decir mientras esté llevando a cabo un delito. En ese caso, los agentes de la SIDE deberán dar aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.

En cuanto al cambio estructural del organismo, el flamante DNU prevé la disolución de la Agencia de Seguridad Nacional y, en su lugar, crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia. Esta tendrá a su cargo prevenir diferentes tipos de amenazas, como sabotajes, espionaje y la injerencia externa de todo aquello que pueda provocar riesgos a los intereses del país o que afecten el orden constitucional.

Además, se decidió separar las áreas de ciberseguridad y ciberinteligencia. Además, se decidió la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete. En tanto, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasará a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y se encargará de llevar a cabo diferentes tareas de inteligencia en el ciberspacio. Esta última operará bajo la jurisdicción de la SIDE.

Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar quedará disuelta y todo lo relacionado con esos temas operará bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar superposición de tareas.

De esta forma, la SIDE estará a cargo de forma directa de todo el sistema de inteligencia nacional y podrá aprobar y controlar sus presupuestos, además de solicitar información a todos los organismos no solo del Estado nacional, sino también de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia creará dos nuevas áreas con tareas claramente diferenciadas. Una de ellas es la denominada Comunidad Informativa Nacional, que reunirá a diferentes organismos como Cancillería, Migraciones, Registro Nacional de las Personas (Renaper), Cancillería. Su misión será entregar y facilitar información de relevancia para tareas de producción de inteligencia.

En tanto, la Comunidad de Inteligencia Nacional incluirá a los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por último, todos los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE podrán ser nombrados y/o removidos solo por el secretario de Inteligencia, tarea que antes efectuaba el Poder Ejecutivo.

Fuertes críticas de la oposición de los cambios en la SIDE

Desde diferentes sectores salieron a cuestionar duramente las modificaciones que el Gobierno propicia en el organismo encargado de la Inteligencia en nuestro país y, en ese sentido se manifestó el exministro de Defensa Jorge Taiana, quien rechazó de plano cualquier tipo de cambio.

Por su parte, el diputado Esteban Paulon, del bloque 'Encuentro Federal' advirtió que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.

En tanto, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica solicitó que los cambios propuestos por el Ejecutivo sean tratados por el Congreso para que promover su rechazo y reclamó que una reforma de tal magnitud no puede realizarse sin el debate parlamentario correspondiente.