La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó hoy un nivel de adhesión del 92% al paro nacional en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en el Senado.

“Hoy se inicia en el Congreso la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores. El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En esta línea, el dirigente completó: “Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos, pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto. Resulta difícil de comprender”.

“El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados. No podemos canjear el financiamiento de los sindicatos, por más que sea importante, por la esclavitud de los trabajadores. La historia nos va a juzgar. Los sindicalistas vamos a tener que explicar qué hicimos en este tiempo histórico en la Argentina”, agregó el referente de ATE.

En referencia a la medida de fuerza, expresó: “El alto acatamiento a la medida demuestra que los trabajadores tienen conciencia de todos los perjuicios que acarrea esta ley y que su rechazo es generalizado”.

Durante el transcurso de la jornada de protesta, sólo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.