Tras una intensa negociación con los bloques aliados, el Poder Ejecutivo decidió retirar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral. Esta cláusula, que limitaba el pago de haberes durante las licencias por accidentes o enfermedades ajenas al trabajo, había generado un rechazo unánime en los sectores dialoguistas y en las centrales obreras.

La eliminación del texto se formalizará durante la reunión plenaria de comisiones este miércoles. Con este movimiento, el Gobierno espera obtener el dictamen necesario para llevar la iniciativa al recinto el jueves y lograr que el Senado la convierta en ley el viernes de la semana próxima.

El artículo del conflicto

La redacción original, que recibió media sanción en la Cámara Alta pero que ahora desaparece del proyecto, establecía cambios drásticos en el esquema de remuneraciones:

• Recorte de haberes: Proponía que el trabajador percibiera solo el 50% de su salario si la dolencia era producto de una "actividad voluntaria y consciente" de riesgo.
• Tope máximo: En otros casos, la remuneración se fijaba en el 75%, eliminando el derecho al cobro del 100% que rige en la Ley de Contrato de Trabajo actual.
• Plazos: Los beneficios se extendían por tres meses para trabajadores sin cargas de familia y por seis meses para aquellos con personas a cargo.

La postura de los bloques encabezados por Cristian Ritondo (PRO) y el espacio de Hacemos Coalición Federal resultó clave para forzar este cambio. Los legisladores aliados advirtieron que no acompañarían la medida si se mantenía la afectación de derechos adquiridos de los trabajadores. Ante la fragilidad de su mayoría, el Ejecutivo priorizó la aprobación del grueso del paquete de reformas sobre este punto específico.

El debate se intensificó tras la presión pública de sindicatos y asociaciones médicas, quienes alertaron sobre la vulnerabilidad de empleados con enfermedades crónicas frente a estos nuevos controles y restricciones.

Desde el Ministerio de Trabajo aclararon que, si bien el retiro del artículo es un gesto de buena voluntad para alcanzar consensos, el objetivo central sigue firme. El Gobierno busca modernizar las relaciones laborales, fomentar la formalización del empleo y simplificar los trámites administrativos para las empresas.