En un giro que profundiza la tensión con el sector gremial, el Gobierno nacional revisó sus estimaciones iniciales y anunció oficialmente que la intimación para renegociar convenios colectivos de trabajo alcanzará finalmente a un total de 446 acuerdos que se encuentran vencidos. La medida, que originalmente se preveía aplicable a unos 150 convenios, representa uno de los impactos más significativos de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por la actual administración.

El procedimiento fue puesto en marcha formalmente este jueves por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A partir de esta disposición, la cartera laboral intimará tanto a cámaras empresariales como a las organizaciones sindicales para volver a discutir las cláusulas de estos 446 convenios. La revisión estará centrada específicamente en los apartados que regulan las condiciones de trabajo, así como en las denominadas cuotas solidarias o aportes compulsivos acordados históricamente entre las partes.

A que responden los cambios

Esta ampliación en el número de convenios afectados responde a una aplicación rigurosa de los lineamientos fijados por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Dicha normativa alteró de manera drástica el principio de ultra actividad, un pilar histórico del derecho laboral argentino que garantizaba la vigencia automática de un convenio vencido hasta tanto las partes pactaran un nuevo texto. En los hechos, este mecanismo funcionaba como un resguardo para que los empleados no perdieran derechos adquiridos ante el eventual estancamiento de las negociaciones, siendo defendido por las centrales obreras como una garantía de estabilidad.

Con el nuevo marco legal, la ultraactividad se mantiene vigente únicamente para las “cláusulas normativas” —aquellas que dictaminan las condiciones directas de la prestación laboral—. En contraposición, las cláusulas “obligacionales” —vinculadas a la recaudación sindical mediante aportes especiales y cuotas solidarias patronales o de los trabajadores— caducan de forma automática al vencer el plazo del convenio. No obstante, mediante el Decreto 407 de reglamentación, el Ejecutivo habilitó a que las mesas de diálogo renegocien la totalidad de las cláusulas vigentes para adaptarlas a los requerimientos actuales y futuros del mercado.

A través de un comunicado oficial difundido esta mañana en redes sociales, el Ministerio de Capital Humano confirmó el inicio del proceso amparado en el artículo 137 de la Ley 27.802. Según la cartera, la convocatoria busca "fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector".

Fuerte rechazo de la CGT y amparo en la OIT

La respuesta del arco sindical no se hizo esperar. Apenas 24 horas después de la publicación del Decreto 407, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo absoluto a la medida. La central obrera denunció que el Poder Ejecutivo intenta avanzar de forma ilegítima sobre derechos, instituciones y garantías que componen el sistema de relaciones laborales y la libertad sindical en el país.

A través de un comunicado de prensa, la CGT catalogó la iniciativa como una "inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales", argumentando que se vulneran principios esenciales consagrados por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales vigentes. Asimismo, cuestionaron que se intente forzar la aplicación de una normativa cuyas disposiciones esenciales se encuentran bajo revisión en los tribunales debido a diversos planteos de inconstitucionalidad.

En paralelo, tanto la CGT como las dos vertientes de la CTA respaldaron su postura en el reciente pronunciamiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras evaluar las denuncias gremiales contra la gestión local, el tribunal internacional instó formalmente al gobierno argentino a adoptar medidas inmediatas y efectivas para asegurar el correcto funcionamiento del diálogo social tripartito, exigiendo además que cualquier reforma en materia laboral se desarrolle mediante consultas sustantivas previa coordinación con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.