El proyecto de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo ya comenzó su recorrido legislativo en el Senado y generó un inmediato debate entre las principales entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas. Aunque todavía analizan el texto en detalle, los referentes del sector ya anticipan coincidencias, reparos y fuertes advertencias respecto del impacto que podría generar en el entramado productivo y en el mercado laboral.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero, Vicente Lourenzo dialogó con la agencia Noticias Argentinas y señaló que el articulado se encuentra bajo estudio de los equipos técnicos y legales de la entidad. Si bien evitó una postura categórica, admitió que la iniciativa “puede contener artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un posicionamiento matizado en las próximas horas.
“Un tiro en el pie”
Una mirada mucho más crítica provino del titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, quien consideró que la propuesta representa “un tiro en el pie” para los trabajadores y, por extensión, para las pymes. Según explicó, en un contexto de desigualdad entre las partes y con un Gobierno que —según planteó— impulsa una postura que debilita derechos, “la masa salarial se va a ver reducida”, afectando de manera directa al consumo interno, principal motor de las ventas del sector.
Moreno insistió en que los cambios planteados “van a impactar en toda la sociedad más temprano que tarde” y cuestionó que la reforma avance hacia la formalización de vínculos que, en realidad, no lo serían: “Se disimula la pauperización del empleo tal como lo conocimos, y eso es grave”. También sostuvo que, en escenarios recesivos como el actual, “ninguna reforma de este tipo generó empleo o crecimiento en ningún lugar del mundo”, sino que, por el contrario, “termina quitando derechos laborales”, indicaron a NA.
Desde una perspectiva distinta, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó algunos puntos que considera centrales para modernizar el sistema laboral, particularmente en lo referido a las indemnizaciones. Subrayó la importancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismos que —según recordó— ya habían sido impulsados por IPA en un proyecto previo.
Rosato explicó que el esquema propone un aporte del 3% de la masa salarial a un fondo administrado por un organismo como ANSES, acumulando recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despido o retiro voluntario. A su entender, esto otorgaría previsibilidad al empleador y un beneficio concreto al empleado, que podría acceder a su indemnización sin necesidad de atravesar un juicio laboral.
El dirigente sostuvo que el camino debe ser una “ley equitativa que genere armonía y mayor seguridad jurídica”, promoviendo un escenario donde las empresas puedan contratar personal sin temor a litigios costosos y donde los trabajadores tengan garantizada su protección económica.
A la espera del debate parlamentario, las pymes exhiben así un mapa de tensiones: mientras un sector remarca el riesgo de profundizar la caída del empleo y del poder adquisitivo, otro ve en el proyecto oportunidades para ordenar conflictos, facilitar contrataciones y estabilizar las reglas del juego laboral. El Senado será ahora el escenario decisivo donde estas visiones confrontarán para definir el futuro del mercado de trabajo argentino.
