El Gobierno nacional oficializó este miércoles un recorte normativo de gran alcance: derogó 71 resoluciones y disposiciones que, durante más de cinco décadas, regularon aspectos clave del comercio, la fijación de precios y la protección al consumidor. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 357/2025, entra en vigencia el 25 de septiembre y se inscribe en el proceso de simplificación normativa abierto tras la sanción de la Ley Bases.
La Secretaría de Industria y Comercio, encabezada por Pablo Agustín Lavigne, justificó la decisión en la necesidad de eliminar regulaciones que habían perdido sustento legal tras la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec). El objetivo declarado: reducir superposición normativa, bajar la carga administrativa y otorgar mayor certeza jurídica.
Otras resoluciones
El listado incluye desde resoluciones emblemáticas como la 100/2020, que fijó precios máximos durante la emergencia sanitaria por Covid-19, hasta disposiciones más antiguas como la Resolución 142 de 1974. También se eliminan normas recientes como la 1183/2023, que regulaban aspectos de comercialización y defensa del consumidor.
La medida desactiva el marco legal que sostenía el Coprec, creado en 2014 para mediar entre consumidores y empresas. Según el Gobierno, su coexistencia con otras instancias judiciales encarecía el sistema y generaba duplicidad de funciones. La eliminación de este servicio se formalizó en enero mediante el Decreto 55/2025.
También quedaron sin efecto las disposiciones que respondían a la Ley de Góndolas, que garantizaba espacio para pymes en supermercados físicos y digitales. Esa legislación fue derogada en 2023, junto con otras herramientas de intervención estatal en precios y márgenes de comercialización.
La Resolución 357/2025 marca un punto de inflexión en la política comercial argentina. El texto oficial habla de una “revisión integral continua” del marco regulatorio y advierte que la proliferación de normas generó dispersión, inseguridad jurídica y obstáculos para la gestión estatal.
Con esta decisión, el Gobierno consolida su giro hacia un modelo de desregulación profunda, en el que la intervención estatal en precios, consumo y comercio queda reducida a mínimos históricos. El legado normativo de cinco décadas, desde la inflación setentista hasta la pandemia, queda desactivado en un solo acto administrativo.
