El escenario judicial del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sufrió un drástico giro institucional. En un fallo de alta repercusión política, la Cámara Nacional de Casación resolvió revocar el sobreseimiento que beneficiaba al jefe comunal del partido más poblado del conurbano bonaerense y dictaminó que el proceso avance de manera inmediata hacia la instancia de juicio oral y público por la denuncia de abuso sexual en su contra.
La resolución fue dictada por mayoría por la Sala 3 del tribunal de alzada, con los votos concurrentes de los magistrados Alberto Huarte Petite y Horacio Días. De esta manera, se dejó sin efecto el fallo emitido el pasado mes de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16, el cual había dictado el sobreseimiento de Espinoza por supuesta "falta de acción" y apartado de la causa a la denunciante, Melody Rakauskas.
El argumento de la vulnerabilidad y las disidencias en el fallo
El tribunal superior descalificó la anterior resolución de primera instancia, catalogando de "arbitraria" la exclusión de la víctima bajo el argumento de que carecía de representación legal en ese tramo del proceso.
De acuerdo con el voto mayoritario de los camaristas, los movimientos de la querellante durante ese período no debieron interpretarse como desinterés o reticencia procesal, sino como una consecuencia directa de su situación de desamparo técnico. "La inconducta procesal de la víctima en esa época puede explicarse por su situación de indigencia letrada, circunstancia que la colocaba en una posición de extrema vulnerabilidad", detallaron los jueces en los fundamentos del fallo.
En contraposición, el juez Pablo Jantus votó en disidencia al considerar que la decisión original del tribunal oral de apartar a Rakauskas no había sido desmotivada, sino que respondía a una sistemática resistencia por parte de la denunciante a cumplir con las diversas pericias y diligencias obligatorias ordenadas por la dirección del proceso penal.
El origen de la denuncia y los pasos hacia el juicio oral
La investigación penal se inició formalmente a raíz de la presentación de Rakauskas, quien se desempeñaba como funcionaria dentro del municipio de La Matanza y denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte del mandatario comunal dentro de un despacho oficial.
Si bien las instancias previas habían considerado clausurar el expediente bajo la premisa de una supuesta orfandad probatoria, la Cámara de Casación evaluó que el cúmulo de elementos obrantes en la causa es lo suficientemente sólido como para que la inocencia o culpabilidad del funcionario se dirima en una audiencia de debate. La orden judicial impone ahora al tribunal correspondiente reactivar el cronograma de audiencias para fijar la fecha del juicio oral a la mayor brevedad.
