La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial que complica la situación patrimonial de su ex titular, Diego Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello denegó la solicitud de la defensa para obtener la devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros secuestrados durante los allanamientos. Aunque el ex funcionario de la gestión de Javier Milei sostiene que el dinero permanecía en una caja de seguridad sin movimientos desde antes de su asunción, el magistrado consideró que las divisas deben permanecer bajo custodia estatal.
Según lo publicado por Infobae, la postura del fiscal Franco Picardi resultó determinante para el rechazo del planteo. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que la complejidad de la red criminal investigada y el estado actual de la instrucción impiden liberar los fondos. Picardi argumentó que el dinero podría ser no solo producto del delito, sino también el instrumento necesario para garantizar el pago de futuras penas pecuniarias, costas procesales y eventuales decomisos que podrían dictarse en caso de una condena.
El enigma de los audios
El corazón de la causa reside en una serie de grabaciones difundidas a través de canales de streaming, en las que se escucharía a Spagnuolo admitir maniobras de sobreprecios en la compra de medicamentos de alto costo y el pago de sobornos. La defensa del ex funcionario niega tajantemente la autenticidad de estos registros, alegando que fueron fabricados o manipulados mediante herramientas de Inteligencia Artificial. Para sustentar esta hipótesis, presentaron un peritaje particular que señala una probabilidad del 65% de intervención tecnológica en las voces.
Ante esta controversia, la Cámara Federal intervino para ordenar medidas que despejen la "incertidumbre" sobre el material probatorio. Mientras los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico dispusieron que Casanello profundice la investigación técnica sobre la veracidad de los audios, el camarista Eduardo Farah votó en minoría por avanzar sin dilaciones, al considerar que las objeciones de la defensa son, por ahora, meras conjeturas. Esta pericia oficial será el eje que determine si la prueba principal sobrevive al escrutinio judicial o si la causa sufre un golpe de nulidad.
La hipótesis fiscal no se agota en los audios, sino que describe una organización ilícita integrada por dieciséis imputados. Según el expediente, la red se dedicaba a direccionar compras millonarias de fármacos destinados a personas vulnerables y beneficiarios de planes sociales, contando con la colaboración de droguerías y la manipulación del sistema informático de la ANDIS. La Fundación Poder Ciudadano, que actúa como querellante en el caso, sigue de cerca los peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados, que podrían aportar evidencia física más allá de las grabaciones cuestionadas.
