Más de US$ 300 millones de contratos de la AFA cobrados en el exterior habrían sido desviados a sociedades fantasma, convertidos en efectivo y distribuidos en cuevas, con destino final en testaferros y bienes, como la mansión de Pilar.
De acuerdo a una investigación de Clarín, la AFA habría ordenado que pagos de patrocinadores y premios se cobraran fuera del país y se canalizaran mediante agentes comerciales e intermediarios financieros.
Este mecanismo bajo sospecha se inició en 2021, aunque hay evidencias de movimientos irregulares desde 2018. Los fondos ingresaban a empresas del exterior, se facturaban servicios presuntamente inexistentes y luego se convertían en efectivo para su entrega en oficinas del centro porteño.
Se identificaron al menos seis agentes de cobro, entre ellos TourProdEnter LLC y Odeoma Gestión SL, además de sociedades de papel en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales.
Los intermediarios se quedaban con alrededor del 30% de lo recaudado, sin importar si hubo prestación real de servicios. El dinero se distribuía semanalmente mediante financieras informales, con envíos en autos, motos y hasta monopatines.
Una pieza central fue Malte SRL, empresa vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según fuentes citadas por Clarín, el efectivo recibido era trasladado a un domicilio asociado a esa empresa y parte del efectivo habría terminado en manos de ex dirigentes y se habría usado para comprar bienes, incluidos vehículos y la mansión investigada en Villa Rosa, Pilar.
Este inmueble está valuado en 17 millones de dólares y dentro de esa mansión se guardaban 54 autos importados de marcas de lujo.
Gran parte de la documentación era confeccionada por el abogado Juan Carlos Beacon, ex dirigente del Consejo Federal de la AFA y cercano a Toviggino, quien enviaba las facturas a Saracco y este respondía en nombre de varias empresas fantasma creadas por él mismo, con correos electrónicos genéricos y estructuras societarias irregulares.
El caso está bajo investigación en varios juzgados y se apoya en contratos, balances, facturas, transferencias bancarias y registros de la Inspección General de Justicia (IGJ).
