El Gobierno de Javier Milei volvió a patear una de sus reformas más sensibles: el fin de los contratos exclusivos que durante años ataron al Estado a determinadas empresas. A través del Decreto 591/2025, publicado esta semana y firmado por el propio Presidente junto a Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, se prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para que los organismos y empresas estatales terminen de desarmar esos vínculos.
En criollo, lo que dispuso la Casa Rosada es que todavía queda tiempo para cerrar contratos con firmas que gozaban de beneficios especiales, ya sea porque el Estado tenía participación accionaria o porque la normativa las ponía en una posición de ventaja frente a la competencia. La fecha límite estaba prevista para el 22 de agosto, pero ahora se corrió hasta fin de año.
Modificaciones en los bancos
La medida se inscribe en el plan de “desregulación” que el oficialismo impulsa desde el Decreto 70/2023, con la consigna de que ninguna empresa estatal tenga privilegios por encima de las privadas. El propio Milei definió esas normas viejas como un mecanismo que transfería recursos de los contribuyentes a compañías amparadas en un monopolio legal.
Un ejemplo claro fue el Banco Nación. Hasta hace poco, todos los sueldos de los empleados públicos tenían que acreditarse allí. Ese requisito se eliminó en 2024 y desde abril once bancos, entre ellos Galicia, BBVA, Macro, Supervielle, Santander e incluso el ICBC, están habilitados para ofrecer cuentas sueldo gratuitas. La competencia, dicen en el Gobierno, debería traer mejores condiciones para los trabajadores estatales, como préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.
Algo parecido ocurrió con YPF, Aerolíneas Argentinas y Nación Seguros. Viejos decretos obligaban a cargar nafta únicamente en estaciones de la petrolera estatal, comprar pasajes aéreos solo en las aerolíneas controladas por el Estado o contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Esa maraña de normas fue desarmada y, en el camino, quedaron expuestas algunas maniobras de corrupción. El caso más resonante: la causa que investiga la contratación obligatoria de seguros y que tiene al expresidente Alberto Fernández entre los imputados.
Para la gestión libertaria, todos esos mecanismos eran parte de un sistema “grotesco”, en palabras del propio Ejecutivo, porque se llegaba al absurdo de contratar intermediarios para operaciones que eran, por ley, obligatorias. “Eso se acabó”, sentenciaron.
¿Por qué entonces la prórroga? En los pasillos oficiales reconocen que la transición es más lenta de lo que se esperaba. Hay licitaciones nuevas que todavía no están listas, contratos que requieren revisión y organismos que necesitan tiempo extra para no quedar atados de manos. Por eso, se autorizó a cada jurisdicción a extender acuerdos vigentes hasta el 31 de diciembre, siempre que sea necesario. La prórroga, en definitiva, es un respiro para la administración pública, pero también un recordatorio de que la pelea de Milei contra los privilegios estatales aún está lejos de cerrarse.
