La provincia de Mendoza dio un paso histórico al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto cuprífero San Jorge, rompiendo más de una década de resistencia política y social a la minería. El aval abre la puerta a una inversión inicial de US$ 559 millones y marca un giro en la política provincial, justo cuando el Congreso nacional debate una adecuación de la Ley de Glaciares que permitirá a los gobernadores definir qué áreas de agua proteger.
Este cambio regulatorio es clave para las grandes compañías del sector, que ven en la flexibilización de la normativa una oportunidad para destrabar proyectos de escala mundial. La expectativa es que, con reglas más claras y mayor seguridad jurídica, se produzca la mayor ola de anuncios mineros en años. Sin embargo, gran parte del país se pronuncia en contra de la activación de estos proyectos y apuntan a revertir el avance.
Un nuevo escenario para la minería argentina
La adecuación de la Ley de Glaciares responde a una demanda histórica de las empresas, no de los ciudadanos. Los empresarios, reclamaban que la protección de zonas hídricas se definiera con criterios locales y no con restricciones generales que bloqueaban proyectos. Con este cambio, los gobernadores podrán delimitar las áreas de protección y habilitar el desarrollo de emprendimientos mineros en regiones antes vedadas.
El cobre, considerado un mineral estratégico para la transición energética global, vuelve a poner a la Argentina en el radar de las inversiones internacionales. La demanda mundial de este recurso, esencial para la electro movilidad y las energías renovables, convierte a los proyectos cupríferos en una oportunidad de desarrollo económico de gran escala.
Las compañías ya anticipan desembolsos millonarios:
US$ 15.000 millones: Vicuña Corp. para los proyectos Josemaría y Filo del Sol en San Juan.
US$ 13.500 millones: Glencore en dos minas de Catamarca, con pedido de ingreso al RIGI.
US$ 2.700 millones: Los Azules, también en San Juan.
US$ 3.600 millones: First Quantum en Salta.
US$ 559 millones: etapa inicial del proyecto San Jorge en Mendoza.
En total, el sector proyecta inversiones por más de US$ 35.000 millones, una cifra inédita que podría transformar la matriz productiva del país y generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
El giro mendocino no está exento de tensiones. La provincia fue durante años un bastión de resistencia a la minería, con movilizaciones sociales que frenaron proyectos y marcaron la agenda política. La aprobación del San Jorge refleja un cambio de clima, pero también abre un debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
El Congreso, por su parte, deberá definir los alcances de la nueva Ley de Glaciares y garantizar que la explotación minera se realice bajo estándares de sustentabilidad. La discusión promete ser intensa, con gobernadores, empresas y organizaciones sociales disputando la letra fina de la norma.
