El Gobierno nacional reglamentó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta diseñada para atender reclamos entre pacientes y prestadores del sistema sanitario sin necesidad de iniciar una demanda judicial.
El PROMESA fue creado por el Decreto 379/2025 y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, en articulación con el Ministerio de Salud. Su puesta en marcha implica una instancia de mediación previa, voluntaria, en la que las partes podrán buscar una solución consensuada a conflictos con obras sociales, prepagas o aseguradoras de salud. Según remarcaron desde el Gobierno, el nuevo sistema busca "optimizar recursos" y "dar una respuesta institucional temprana y eficiente".
Uno de los aspectos centrales es la figura del mediador, que deberá cumplir con una capacitación específica y superar exámenes de idoneidad. En esta primera etapa, para garantizar un plantel inicial, se aceptarán profesionales que ya estén inscriptos en registros provinciales con al menos un año de antigüedad. A futuro, los mediadores deberán contar con matrícula nacional, formación continua y no tener sanciones vigentes.
El sistema también prevé un fondo de financiamiento que cubrirá el pago de los honorarios del mediador si no se alcanza un acuerdo. Sin embargo, en caso de que el conflicto continúe por vía judicial y haya condena en costas, quien pierda deberá reintegrar el dinero al fondo. Para asegurar ese recupero, se firmarán convenios con el Poder Judicial para hacer seguimiento de los casos.
"Se terminó el negocio de judicializar todo. La prioridad es que los recursos lleguen a las personas, no a la burocracia", señalaron desde el Ministerio de Salud en un comunicado. También remarcaron que el aumento de litigiosidad en los últimos años fue exponencial: según datos oficiales, los amparos vinculados a salud crecieron 20% en 2023 y un 471% en 2024.
El organismo ofrecerá a los denunciantes un abogado y asistencia jurídica gratuita
El PROMESA requerirá patrocinio letrado obligatorio para participar en las audiencias, aunque se garantiza asistencia jurídica gratuita para quienes no puedan afrontar esos costos. Además, el procedimiento establece plazos muy breves: entre 5 y 7 días tanto para la actuación del mediador como para la realización de audiencias. Incluso los jueces podrán derivar causas ya judicializadas a este procedimiento, si cuentan con el consentimiento de la parte actora.
Aunque su implementación inicial será en el ámbito nacional, el Ministerio de Salud informó que las obras sociales provinciales o regímenes especiales, como IOSFA (que atiende al personal de las Fuerzas Armadas), podrán adherir voluntariamente. El control del sistema estará a cargo de enlaces técnicos del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Salud, que deberán monitorear alertas, acuerdos alcanzados y el nivel de judicialización.
