La causa por los presuntos abusos sexuales cometidos en el entorno del Senado bonaerense sumó en las últimas horas un capítulo que incomoda al poder político y tensiona la relación entre la Justicia y dos organismos clave del oficialismo provincial y municipal. La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2 de La Plata, reiteró oficios al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Estela Díaz, y a la Municipalidad de La Plata, a cargo del intendente Julio Alak, luego de que ambos organismos no respondieran un primer pedido de información enviado el 28 de enero de este año.

El nuevo requerimiento judicial no es un formalismo burocrático: la información solicitada es considerada relevante para el avance de tres investigaciones penales en curso que pesan sobre Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, actualmente detenidos con prisión preventiva en la alcaidía Roberto Pettinato de La Plata, acusados por una serie de abusos sexuales gravemente agravados contra varias mujeres, en un contexto que la Justicia ya describe como de manipulación, sometimiento psicológico y dinámicas de poder con rasgos sectarios.

Según consta en los oficios firmados el 11 de febrero de 2026 por la fiscalía, se trata de una reiteración expresa de pedidos de igual tenor cursados semanas atrás, sin respuesta oficial hasta el momento. La falta de contestación encendió alertas en el Ministerio Público Fiscal, que necesita esos datos para reconstruir responsabilidades institucionales, eventuales omisiones y el contexto laboral y político en el que se habrían producido los hechos denunciados.

Oficios a la Municipalidad y al Ministerio de Mujeres

En el caso de la Municipalidad de La Plata, el oficio dirigido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicita que se informe con carácter urgente si Rodríguez y Silva Muñoz son o fueron empleados del municipio, en qué períodos, con qué cargos, funciones y en qué dependencias prestaron servicios. Además, se requiere un “amplio informe de revista” sobre sus trayectorias dentro del organigrama municipal. La fiscalía también pidió que se detalle si el Municipio tomó conocimiento de los hechos que involucran a las denunciantes y a los imputados, y en caso afirmativo, de qué modo se enteró y si se adoptaron medidas administrativas o disciplinarias.

La referencia puntual al secretario de Relaciones con la Comunidad, Gastón Castagneto, dentro del oficio, no es casual. Para los investigadores, el circuito de conocimiento interno sobre los hechos y las eventuales comunicaciones informales dentro del Municipio pueden ser una pieza clave para determinar si hubo advertencias previas, pedidos de auxilio ignorados o mecanismos de encubrimiento institucional frente a situaciones de violencia sexual que, según surge del expediente, se extendieron durante un período prolongado.

En paralelo, el requerimiento al Ministerio de Mujeres y Diversidad apunta a saber si la cartera que conduce Estela Díaz tomó conocimiento de las denuncias o de situaciones previas vinculadas a Rodríguez y Silva Muñoz, y en caso afirmativo, qué acciones se adoptaron desde el organismo especializado en políticas de género. El dato no es menor: la causa investiga hechos de extrema gravedad contra mujeres que relataron padecimientos profundos, con secuelas psicológicas acreditadas, y la Justicia busca reconstruir si las víctimas llegaron o no a tocar las puertas del Estado antes de judicializar sus denuncias, y cómo respondió —o dejó de responder— el sistema de protección institucional.

Desde el entorno judicial remarcan que la reiteración de oficios es una herramienta habitual cuando los plazos de respuesta se vencen sin contestación, pero en este caso el silencio adquiere un peso político específico. No se trata de cualquier organismo: son dos estructuras de poder alineadas con el oficialismo provincial y municipal, en una causa que ya golpea de lleno al ámbito del Senado bonaerense y a su ecosistema de vínculos laborales, militantes y políticos. Para la fiscalía, la demora no sólo entorpece el avance de la investigación, sino que obstaculiza el acceso a información básica para contextualizar los hechos.

Prisión preventiva y mails

La gravedad del caso excede los cargos formales que pesan sobre los imputados. Rodríguez está procesado por múltiples hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados por el grave daño causado en la salud mental de las víctimas, en algunos episodios con uso de arma y en otros cometidos por más de una persona, en concurso real. Silva Muñoz, en tanto, fue procesada como partícipe necesaria en varios de esos hechos. El juez de Garantías Juan Pablo Masi, al dictar las prisiones preventivas, ponderó un conjunto de pruebas que van desde los relatos coincidentes de las denunciantes, evaluaciones psicológicas que acreditan el daño sufrido, hasta comunicaciones digitales que exhiben patrones de control, manipulación y amedrentamiento.

En el expediente judicial, los testimonios de las mujeres describen escenas de sometimiento físico y psicológico que se repiten con una lógica inquietantemente similar: contextos de encierro, situaciones de vulnerabilidad emocional, presiones para mantener silencio, amenazas veladas y una dinámica de poder que fue erosionando la capacidad de las víctimas para pedir ayuda. Los relatos son crudos, minuciosos y atraviesan al lector por la dimensión humana del daño. No se trata sólo de hechos aislados de violencia sexual: la investigación expone un entramado de dominación que dejó marcas profundas en la salud mental de quienes se animaron a denunciar.

En ese marco, el rol de las instituciones aparece bajo la lupa. La fiscalía busca determinar si hubo alertas tempranas desoídas, si existieron canales de consulta que no derivaron en protección efectiva o si la pertenencia de los acusados a determinados ámbitos políticos o laborales funcionó como un factor de silenciamiento. Los oficios a la Municipalidad y al Ministerio de Mujeres no son un gesto político sino una herramienta procesal para establecer si el Estado, en alguno de sus niveles, tuvo información previa y qué hizo con ella.

Los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly –quienes representan a las víctimas- vienen insistiendo en la necesidad de que la investigación no se limite a los hechos individuales sino que avance sobre las responsabilidades institucionales. En diálogo con este medio, fuentes del entorno de las víctimas sostienen que varias de las mujeres intentaron, en distintos momentos, buscar ayuda o al menos advertir sobre situaciones de violencia y manipulación. “No todas se animaron a denunciar de entrada. El miedo, la vergüenza y el desgaste psicológico son parte del cuadro que la Justicia empieza a dimensionar ahora”, señalaron.

Llamativo silencio

El silencio administrativo frente a los pedidos de la fiscalía impacta de lleno en ese punto sensible. No responder un oficio judicial no implica, por sí mismo, una conducta delictiva, pero sí genera un ruido político e institucional en un expediente que ya es de altísimo impacto público. En tribunales recuerdan que los organismos del Estado tienen la obligación de colaborar con las investigaciones penales y que la información solicitada es básica para reconstruir trayectorias laborales, eventuales sumarios internos y circuitos de conocimiento previo.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando en el plano probatorio. La fiscal Lacki continúa analizando un voluminoso conjunto de correos electrónicos, mensajes y documentos digitales secuestrados en el marco de la investigación. De ese universo —más de 200 correos electrónicos—, el juez de Garantías valoró sólo una parte para fundar las prisiones preventivas, en particular aquellos mensajes que exhiben intentos de intimidación, manipulación emocional o control sobre las denunciantes. El resto del material sigue bajo análisis para determinar su relevancia penal y su eventual incorporación como prueba en el futuro juicio.

Las víctimas, cuyas identidades se preservan para no revictimizarlas ni exponerlas públicamente, siguen atravesando procesos terapéuticos en paralelo al avance judicial. En el expediente quedó acreditado el grave daño psicológico sufrido, un elemento central para la calificación legal de los hechos. Para ellas, cada avance en la causa es una mezcla de alivio y dolor: alivio porque la Justicia empezó a escuchar, dolor porque cada instancia procesal implica volver a poner en palabras escenas que todavía duelen.

En este contexto, la falta de respuesta de dos organismos del Estado que deberían estar del lado de la protección de derechos —uno por su rol institucional en el municipio y el otro por su misión específica en políticas de género— adquiere una dimensión simbólica que excede lo técnico. La reiteración de los oficios por parte de la fiscalía expone una tensión incómoda: la de una investigación penal que avanza sobre terrenos donde el poder político prefiere moverse con cautela o, directamente, en silencio.

Por ahora, ni el Ministerio de Mujeres ni la Municipalidad de La Plata emitieron respuestas formales a los requerimientos judiciales reiterados. En los pasillos de tribunales, el gesto es leído como una señal preocupante en una causa que interpela no sólo a los acusados sino al entramado institucional que los rodeó. La Justicia espera. Las víctimas también. Y el silencio, en este caso, pesa.