La Justicia en Argentina atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza ciudadana. Según un informe reciente, la percepción negativa hacia el Poder Judicial se ha instalado como un sentimiento generalizado que ya no se limita a sectores especializados, sino que atraviesa a toda la población.
Un estudio de Monitor Digital destaca que en los últimos doce meses la Justicia acumuló más de 7,1 millones de menciones en redes sociales, posicionándose como uno de los temas más debatidos del país, solo superado por Política y Economía. Sin embargo, lo más relevante es el tono predominante: la Justicia lidera el ranking de negatividad con un índice NSR de –73, uno de los valores más bajos dentro del sistema institucional argentino.
La frustración social se concentra en tres ejes principales: la lentitud en los procesos judiciales, la falta de respuestas efectivas y una sensación generalizada de impunidad. Este malestar genera una percepción de que el Poder Judicial no cumple con su función esencial dentro del contrato democrático entre el Estado y la ciudadanía, afectando la confianza en el sistema en su conjunto.
Este dato señala que casi tres de cada cuatro menciones expresan enojo, descreimiento o burla hacia el funcionamiento del sistema judicial.
Las redes sociales actúan como amplificadoras de este descontento. Cada demora en causas de alto impacto, conflictos político-judiciales o procesos sin resolución se multiplican en miles de mensajes que refuerzan la imagen de un sistema judicial distante y desconectado de las necesidades cotidianas de la sociedad.
A diferencia de otras críticas sociales, como las relacionadas con la economía, la desconfianza hacia la Justicia mantiene una estabilidad preocupante que trasciende gobiernos y gestiones. Este rechazo estructural se expresa tanto en la opinión pública común como en dirigentes de diversos espacios políticos.
En el ranking de temas públicos debatidos en redes sociales, la Justicia supera incluso a áreas como Salud, con 6,3 millones de menciones, y Seguridad, con 5,1 millones. Este dato subraya que el debate judicial dejó de ser exclusivo de los tribunales para formar parte de la agenda cotidiana de la ciudadanía, donde predominan emociones como el enojo, la ironía y la exigencia de respuestas claras y confiables.
La crisis de confianza no solo afecta la imagen institucional, sino que también influye en la dinámica política general, al poner en duda el funcionamiento de las reglas y los mecanismos de control y reparación. En un contexto donde la sociedad demanda certezas en tiempo real, el ritmo lento de los tribunales genera una brecha que profundiza la percepción de desconexión y deterioro institucional.
Este escenario convierte a la Justicia en uno de los símbolos más evidentes de la crisis de confianza institucional en Argentina, reflejando un desafío central para la democracia y la gobernabilidad en el país.
