En las últimas horas, cuadrillas de Espacio Público e Higiene Urbana, junto a la Policía de la Ciudad, intervinieron en el edificio ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde reside Cristina Kirchner. Según fuentes oficiales, la operación tuvo como objetivo remover carteles, pancartas y cartas que militantes kirchneristas habían dejado en apoyo a la expresidenta tras su condena judicial.
Aunque no se registraron incidentes mayores, el comienzo del operativo incluyó un entredicho con agentes de la Policía Federal, encargados de custodiar el inmueble, que se opusieron inicialmente a que se retiraran los mensajes pegados en paredes y veredas. La limpieza se extendió también a Plaza de Mayo y zonas aledañas, según informaron fuentes porteñas.
Desde el Ejecutivo local indicaron que los trabajos forman parte de un esquema preventivo ante futuras concentraciones. De hecho, el operativo fue desplegado horas después de la masiva movilización del miércoles 18 de junio en apoyo a la ex mandataria, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
El operativo demandó más de 200 millones de pesos
Según el Gobierno de la Ciudad, el costo total de las tareas ascendió a 237 millones de pesos. La cifra incluye la incorporación de 300 trabajadores extra, maquinaria especializada, y reposición de contenedores y mobiliario urbano dañado o desplazado. En paralelo, se reforzó la limpieza sobre las fachadas afectadas por pegatinas, graffitis y pasacalles instalados por agrupaciones vinculadas al kirchnerismo.
Una postal habitual desde el fallo de la Corte Suprema ha sido la de decenas de militantes peronistas apostados frente al edificio donde reside Kirchner, algunos de los cuales instalaron estructuras improvisadas para realizar actividades proselitistas, fogones, asambleas y hasta ollas populares.
Cristina, en el balcón y con reclamos judiciales
En los últimos días, la propia Cristina salió al balcón de su domicilio para saludar a la militancia y enviar mensajes críticos hacia el Gobierno de Javier Milei. En uno de ellos, denunció que el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 resulta «arbitrario» y «violatorio» de sus derechos civiles y políticos.
Sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso contra la resolución del 17 de junio, que obliga a la expresidenta a notificar de antemano los nombres de los familiares, médicos y letrados habilitados a ingresar a su domicilio. Toda otra visita deberá ser fundamentada de forma excepcional, según lo dispuesto por el tribunal.
