La causa que investiga lavado de activos y evasión fiscal en la financiera Sur Finanzas, ligada estrechamente a Claudio “Chiqui” Tapia, entró en una fase de definiciones. El juez federal Luis Armella ofreció formalmente a los cuatro empleados detenidos la posibilidad de acogerse a la Ley del Arrepentido (Ley 27.304). Este beneficio legal permite una reducción de pena a cambio de información precisa y veraz que ayude a identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de la organización.
Según reveló Infobae, los imputados, quienes ocupan roles estratégicos en la estructura interna de la firma de Ariel Vallejo, evaluarán la propuesta junto a sus abogados mientras la Justicia acumula pruebas sobre un plan sistemático para entorpecer la investigación.
Los implicados
La Justicia identificó a los detenidos como piezas clave en el intento de frustrar los operativos judiciales realizados en diciembre de 2025. Los perfiles y las acusaciones incluyen:
- Juan Miguel Soler (Técnico Informático): Se le adjudica el borrado de planes y la limpieza de bases de datos tras recibir órdenes directas para "limpiar" computadoras y desconectar programas de los cajeros en plena madrugada.
- César Zapaia (Oficial de Cumplimiento): El juzgado posee chats donde Zapaia se jacta de haber escondido teléfonos y computadoras durante los allanamientos, entregando a los efectivos dispositivos obsoletos que "no tenían nada".
- Daniela Sánchez (Secretaria Privada): Se la acusa de impartir órdenes para el retiro de capital de las sucursales antes de la llegada de la policía, con la instrucción de dejar solo un "puchito" de dinero para que fuera secuestrado como distracción.
- Rolando Soloaga (Jefe de Seguridad): Habría coordinado el ocultamiento de camionetas de traslado de valores y la remoción de los ploteados de los vehículos de la flota empresarial.
El expediente detalla conversaciones de WhatsApp que complican seriamente a los acusados. En uno de los diálogos, la secretaria del dueño de la firma ordena a Soler trabajar desde su casa debido a los inminentes operativos. "Ya sabés, bórrales las plani si podés", indica el mensaje.
Por su parte, Zapaia intentó justificar la tenencia de una computadora nueva de la empresa en su domicilio bajo el argumento de que la tomó como "reaseguro" tras una supuesta disputa salarial. Sin embargo, las pericias técnicas sobre los dispositivos secuestrados en los 14 allanamientos contradicen las versiones de defensa y refuerzan la hipótesis de una asociación ilícita.
El nexo con la AFA
La causa se originó por una denuncia de la Dirección General Impositiva tras detectar una evasión superior a los 3.300 millones de pesos. Sin embargo, el trasfondo político-deportivo es lo que genera mayor impacto. Los allanamientos en los domicilios de los imputados permitieron el secuestro de:
- Plaquetas de reconocimiento entregadas por diversos clubes de fútbol a Ariel Vallejo.
- Pases de protocolo para canchas de equipos de primera división.
- Documentación contable que vincula los flujos de dinero de la financiera con actividades relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino.
