La Asociación Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (ANDIS) fue escenario de una protesta cargada de tensión protagonizada por sus trabajadores y familiares de usuarios, quienes reclamaron por la falta de prestaciones y aumentos salariales adeudados.
La manifestación comenzó alrededor del mediodía frente a las oficinas centrales, donde empleados provenientes de distintas dependencias se congregaron con pancartas y cánticos para exigir la actualización de sus haberes y el pago de montos pendientes. Durante los primeros momentos, la protesta se desarrolló de forma pacífica, con una asamblea improvisada que definió los pasos a seguir.
Sin embargo, la situación se tornó conflictiva cuando los manifestantes solicitaron ingresar al edificio para dialogar con las autoridades. Al no recibir respuesta, algunos grupos intentaron forzar la entrada principal, provocando la caída parcial del vallado metálico que separa el ingreso del público. Este accionar generó gritos y empujones, elevando la tensión en el lugar.
Qué reclaman los manifestantes fueran de la Andis
Entre los principales puntos reclamados se encuentra la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793, y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.
Las organizaciones participantes incluyen a prestadores de servicios, familias de personas con discapacidad, centros terapéuticos e instituciones que forman parte de la red nacional que trabaja con personas con discapacidad. Según informaron, la falta de actualización de los aranceles afecta el sostenimiento de los servicios y genera incertidumbre en la continuidad de las prestaciones.
ANDIS: Ley suspendida por falta de financiamiento
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la «falta de financiamiento específico» y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario. La argumentación oficial genera controversia porque la ley fue votada por el Congreso sin que el Ejecutivo objetara su viabilidad fiscal.
La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley. Los sectores involucrados consideran que la suspensión equivale a un veto encubierto de una norma sancionada por el Parlamento. El mecanismo utilizado por el Ejecutivo de promulgar pero suspender simultáneamente una ley genera interrogantes sobre su constitucionalidad.
