El escenario energético argentino enfrenta un nuevo frente de tormenta judicial. Las empresas Tecpetrol, del Grupo Techint, y Pampa Energía han iniciado demandas contra la estatal Enarsa tras el fracaso de extensas negociaciones para cobrar facturas adeudadas en el marco del Plan Gas. La cifra en disputa es sideral: el reclamo conjunto supera los 187.000 millones de pesos (unos 130 millones de dólares), monto que se incrementa día a día por la acumulación de intereses.
La raíz del conflicto radica en el incumplimiento de los contratos diseñados durante la gestión anterior para incentivar la producción de gas. Según denuncian las operadoras, mientras que Cammesa (encargada del sector eléctrico) cumplió con sus pagos e intereses, Enarsa acumuló deudas tanto por el gas entregado como por las cláusulas de "take or pay", que obligan al comprador a pagar por un volumen de reserva aunque no lo utilice.
El reclamo de Paolo Rocca
El reclamo de la firma de Paolo Rocca es el más abultado, con 134.000 millones de pesos pendientes, mientras que la compañía de Marcelo Mindlin reclama intereses impagos desde finales de 2024.
Esta judicialización ocurre en un momento de alta sensibilidad política y económica. Por un lado, se produce poco después de que el presidente Javier Milei lanzara duras críticas hacia Rocca en Nueva York; por otro, coincide con el anuncio de inversiones masivas bajo el régimen del RIGI por parte de Pampa Energía, e incluso, a nivel político se han desatado más tormentas para el oficialismo debido a los avances judiciales concretos en el caso $LIBRA.
Las empresas argumentan que la falta de pago afecta la liquidez necesaria para seguir financiando proyectos en la cuenca neuquina, justo cuando el Gobierno busca transferir la responsabilidad de estos contratos a las distribuidoras privadas.
En paralelo a la batalla legal, el Poder Ejecutivo ha decidido intervenir en la logística del sector mediante la Resolución 66/2026 del Enargas. Ante el declive irreversible de las cuencas Norte y Austral, el Gobierno ordenó un reordenamiento total del sistema de transporte de gas. Este cambio busca eliminar los costos de mantener rutas y contratos de transporte asociados a yacimientos agotados, obligando a casi todas las distribuidoras a migrar su abastecimiento hacia la Cuenca Neuquina.
El objetivo oficial es ganar eficiencia y asegurar que la demanda de los hogares tenga prioridad absoluta en el uso de la capacidad de los gasoductos, intentando así compensar los desajustes que el sistema arrastró durante los últimos años.
