El oficialismo nacional volvió a defender con firmeza los lineamientos centrales de su política económica, basados en un severo ajuste fiscal, la reducción drástica del déficit y un ambicioso proceso de desregulación. De acuerdo con la visión expresada por el Ejecutivo, en una nota de opinión escrita por el mismo presidente al medio Infobae, estas medidas no solo estarían estabilizando la macroeconomía, sino que además crearían las condiciones para un crecimiento sostenido.

Según la argumentación oficial, el ajuste fiscal implementado desde diciembre de 2023, que alcanzó un 15% del PBI, dividido en 5 puntos porcentuales en el Tesoro Nacional y 10 en el Banco Central, permitió cerrar el déficit y eliminar la necesidad de emisión monetaria. Para el Gobierno, este cambio de régimen asegura que "a más tardar para mediados de 2026, la inflación será un problema del pasado".

La devolución al sector privado

El cierre del déficit, afirman, no solo tiene impacto en los precios sino que también “devuelve ingresos al sector privado”, generando incentivos al ahorro y a la inversión. Además, con la política de déficit cero, el Ejecutivo sostiene que la relación deuda/PBI deja de crecer, lo que mejora la percepción de solvencia del país. En ese sentido, el riesgo país ,que superaba los 3.000 puntos básicos a fines de 2023, hoy estaría cercano a perforar los 600.

Desde la administración nacional se subraya que la combinación de equilibrio fiscal, baja de impuestos y disminución de la emisión crea un marco macroeconómico propicio para el crecimiento: según cálculos oficiales, el país podría crecer a una tasa del 4% anual per cápita durante una década, si se sostiene este sendero.

Uno de los datos más repetidos por voceros gubernamentales es que “la tasa mensual de inflación mayorista se redujo en 50 veces”, y que el nivel de actividad en diciembre de 2024 estuvo un 6% por encima del mismo mes del año anterior. Estos indicadores, señalan, refutan las predicciones de recesión severa que circularon a fines de 2023.

En paralelo, se destaca la política de desregulación, que se apoya en postulados liberales clásicos: propiedad privada, libre competencia, división del trabajo y cooperación social. Con base en autores como Adam Smith, Allyn Young, Jesús Huerta de Soto y Julián Simon, el Gobierno plantea que liberar los “rendimientos crecientes” es clave para activar el crecimiento económico, incluso si ello implica aceptar estructuras de mercado concentradas.

En ese marco, se menciona como ejemplo de acción concreta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la Ley Bases y un paquete de reformas estructurales y regulatorias que, según el Gobierno, “es 25 veces mayor que el proceso de reformas iniciado por Carlos Menem en los años noventa”.

También se vincula el crecimiento económico con la cuestión demográfica: el oficialismo sostiene que la natalidad es clave para expandir el tamaño del mercado y fomentar el progreso tecnológico. En una postura polémica, rechazan con dureza las políticas ambientales que, en su visión, habrían promovido el control poblacional y afectado negativamente la economía a largo plazo.

En definitiva, el Gobierno apuesta a consolidar un modelo de economía liberal ortodoxa, con fuerte énfasis en la disciplina fiscal, la apertura de mercados y la desregulación. Afirma que este camino, aunque resistido en muchos sectores, es el único capaz de sacar a la Argentina del estancamiento y la pobreza estructural.