La aprobación de la reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, abrió un nuevo frente de debate dentro del peronismo. El senador José Mayans se convirtió en una de las voces más duras contra el proyecto impulsado por el Gobierno y no dudó en calificarlo como “regresivo e inconstitucional”.
En declaraciones a radio Splendid, el legislador advirtió que la norma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y diversos tratados internacionales, lo que derivará en una “avalancha de reclamos judiciales”. Según su visión, el escenario que se abre es de conflictividad social: “El que protesta contra el Gobierno va a ser acusado de terrorista”, anticipó.
La comparación con Videla y las críticas a Milei
Mayans fue más allá y trazó un paralelismo entre el presidente Javier Milei y el dictador Jorge Rafael Videla: “Tiene comportamientos parecidos”, afirmó, aludiendo a lo que considera actitudes autoritarias del actual mandatario de La Libertad Avanza.
El senador acusó a Milei de utilizar “todo el poder del Estado” para presionar a quienes disputan su liderazgo, mencionando inteligencia, policía y amenazas a gobernadores. “Está desquiciado”, remató, en una declaración que generó fuerte repercusión política. A su vez, no dudo en referirse a la interna peronista en medio de la crisis y la posible media sanción futura en la Cámara de Diputados.
La votación dejó expuesta la división dentro del peronismo. Mayans cuestionó a dirigentes que, según él, “traicionaron los principios del justicialismo” al negociar apoyos circunstanciales. Señaló directamente al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuya senadora acompañó la reforma tras recibir fondos millonarios en concepto de ATN. También criticó a la cordobesa Alejandra Vigo, al salteño Gustavo Sáenz y al espacio de Carlos Rovira en Misiones, a quienes acusó de priorizar beneficios inmediatos por sobre la defensa de los trabajadores.
Mayans cuestionó además la forma en que se trató la reforma en el Senado. Denunció que se fueron modificando artículos “para conseguir quórum” y que el Gobierno operó con “una cajita de promesas” ofreciendo obras, beneficios y alivio en controles a cambio de votos.
