El Gobierno nacional oficializó la designación de nuevas autoridades en varios organismos estatales que habían sido afectados por decretos para su cierre o reestructuración, pero que finalmente continuarán funcionando tras el rechazo de dichas modificaciones por parte del Congreso.
El Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que las nuevas autoridades asumieron funciones desde el 3 de septiembre en entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En detalle, el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich fue nombrado presidente del INTA, mientras que su vicepresidencia quedó a cargo del médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera. En el INASE, el ingeniero agrónomo Martín Famulari asumió la presidencia por un período de dos años, y el INV quedó bajo la dirección del ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.
Estas designaciones se concretaron luego de que el Congreso rechazara la propuesta de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, así como otros organismos dependientes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
Asimismo, a comienzos de septiembre, se oficializaron nuevos responsables en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), en el marco de la restitución de autoridades tras el rechazo legislativo.
Por otra parte, se dispuso el regreso a funciones de las máximas autoridades de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con nombramientos en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Restitución de organismos eliminados por la Ley Bases
Las designaciones se enmarcan en el proceso de restitución de organismos que habían sido alcanzados por la Ley Bases. En los últimos meses también se restablecieron instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Teatro Nacional Cervantes, entre otros.
El Decreto 628/2025 anuló, además, los cambios en el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, regresando al sistema regulatorio previo y eliminando la declaración de “servicio esencial” para la navegación marítima y fluvial.
